Señala Salinas que veto es un capítulo más del Libro Vaquero

Como un capítulo más del Libro Vaquero, fue como calificó el Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Arturo Salinas Garza, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo para vetar la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, asegurando que el Gobierno Independiente no quiere que lleguen Fiscales autónomos a descobijar a sus funcionarios.

“Están buscando que artimaña sacar para tratar de buscar que no se cumpla el mandato de la ciudadanía de fiscales autónomos, porque al momento que ellos lleguen saben que van a descobijar todas las cosas indebidas que está haciendo el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón”, precisó.

Mencionó además que es absurdo el argumento de la mejora regulatoria que presentaron como razón principal, dado que es una obligación constitucional federal del Congreso Local legislar.

“La parte normativa de la creación de esta ley ya fue aprobada a nivel nacional y es una obligación constitucional, no podemos ir en contra de lo que la Constitución federal marca, la cual es cumplir con la expedición de la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción”, expresó.

En cuanto al impacto presupuestal, Salinas Garza aseguró que para el presupuesto del 2017 se destinó una partida para el Sistema Estatal Anticorrupción, evidenciando que el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, desconoce esta información, pues no participó en las mesas de trabajo.

“Ninguna de estas observaciones es inatendible, simplemente habrá que establecer estas contestaciones, pero estamos preparados para la última semana de junio que hagamos el periodo extraordinario estar votándola de nueva cuenta e iniciar los procesos de designación de Fiscales, convocatorias y todo lo demás”, dijo Salinas Garza.

LA INTENCIÓN NO ES INVADIR PODERES: HÉCTOR GARCÍA

Por su parte, el Diputado del PRI, Héctor García García, en primera estancia aclaró que el Ejecutivo tiene derecho al veto, puesto que el Congreso Local no ha modificado la ley, a fin de respetar la división de Poderes.

“Si nosotros hubiésemos querido quitarle esa oportunidad al Ejecutivo de vetar leyes, ya lo hubiéramos legislado, sin embargo, la intención no es invadir Poderes”, indicó el legislador panista ante el argumento de Manuel González, sobre que el Poder Legislativo estaba invadiendo poderes.

García caracterizó de incoherente el argumento de la mejora regulatoria expresado por el Secretario General de Gobierno, al no tener relación con el SEA.

“Me parece que tienen una apreciación equivocada, algún mal abogado les dio un mal argumento que ni siquiera aplica”, dijo.

Aseguró que los argumentos expuestos son muy indemnes, y que la acción de vetar va encaminada a esa resistencia de no querer cambiar algo aprobado por el Legislativo.

Advierten que ahora si se actuará contra los corruptos

Tras la aprobación de la segunda vuelta constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde se reformaron diversos artículos para establecer en claro la figura del Fiscal General Autónomo, entre otros aspectos importantes, los Coordinadores de los Grupos Legislativos del PRI y PAN señalaron que se trata de un hecho histórico para Nuevo León, puesto que quedaron sentadas las bases para el adecuado y verdadero combate a la corrupción.

Marco Antonio González Valdez, Coordinador de la bancada del PRI, expuso que gracias a estas reformas el Estado contará en menos de cuatro meses con un Fiscal General que luche para generar una verdadera justicia para los ciudadanos y no sólo para los políticos.

“Significa que finalmente ya estamos a un paso de poder crear un sistema que tanto se ha hablado, pero que no se ha podido construir y sobre todo, las figuras del Fiscal General Autónomo y el Fiscal Anticorrupción, estamos a menos de cuatro meses de tenerlo listo”, expresó el legislador priista.

Indicó que es urgente que ya entre en funciones este sistema, puesto que el Gobierno Independiente ha demostrado que no ha podido combatir la corrupción.

“La manera de atacar la corrupción va a cambiar radicalmente en un giro de 180 grados, ahora si vamos de a de veras, vemos que de manera cómo el Gobierno del Estado la está atacando es superficial y no va contra todos los que cometen actos de corrupción, sólo contra algunos”, reiteró el Diputado de Distrito Local 23.

Precisó que es importante que la ciudadanía esté informada que de ahora en adelante si se irá en contra de los funcionarios corruptos.

“Esta ley es de las más importantes de esta Legislatura, la tenemos que hacer muy bien, pero sobre todo, que Nuevo León sepa que el tema del combate a la corrupción va de adveras y que no nada más el político lo use como una bandera y ya llegando a la silla se olviden”, dijo González Valdez.

Así mismo, señaló que el Gobierno del Estado a través de su gente, intentó boicotear la sesión extraordinaria y que en días pasados diversos legisladores recibieron llamadas en donde los amenazaban.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN REPRESENTA UN LOGRO HISTORICO: ARTURO SALINAS

Mientras que para Arturo Salinas Garza, líder de la bancada del PAN, el Sistema Estatal Anticorrupción demuestra que el Congreso está en favor de la ciudadanía.

“Representa un logro histórico para el Estado, es una conjunción de talento que los organismos de la sociedad civil organizada, de un Congreso que escucha a sus ciudadanos, que representa la voz de aquellos que están interesados en el combate a la corrupción y el día de hoy ponemos la muestra de que el combate a la corrupción va en serio”, mencionó el legislador panista.

Sostuvo que este sistema es íntegramente ciudadano y que ahora la terea que falta por hacer es sentar las bases de la Ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.

“El siguiente paso es establecer la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, ya escuché a los Presidentes de las Comisiones, esperemos que la próxima semana van a empezar las mesas para crear esta ley y se estará nombrando el comité de selección, de ahí se inicia el proceso de lanzar las convocatorias para las fiscalías”, puntualizó Salinas Garza.

Establecen requisitos para nuevo Fiscal General y Anticorrupción

Las reformas a la Constitución del Estado que crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), fueron aprobadas en primera vuelta por el Congreso del Estado, con un total de 35 votos favor.

Esto con el propósito de establecer la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, además de instituir en el Tribunal de Justicia Administrativa una Sala Especializada en Materia Anticorrupción.

Los Diputados Héctor García, así como Hernán Salinas Wolberg, Samuel García Sepúlveda y Yanira Gómez, subieron al Pleno para presentar el dictamen que señala que la Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la ley.

En cuanto a las figuras de Fiscal General de Justicia del Estado (Procurador General), Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales, el dictamen muestra que sólo son renunciables por causa grave, y la renuncia será sometida a la consideración del Poder Legislativo del Estado.

Para ser Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales, se deberán reunir los requisitos siguientes:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
• Tener cuando menos 35 años el día de la designación.
• Poseer el día de la designación, título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
• No haber sido Gobernador o Secretario de Despacho del Ejecutivo, cuando menos un año previo al día de su nombramiento y tener un perfil que le permita que la función de procuración de justicia cumpla con los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
• El Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales serán nombrados por un término de ocho años.

Es importante señalar que el Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Dependencia del Ejecutivo del Estado responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Estado y tres del Comité de Participación Ciudadana.

De igual forma, uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana será encargado de presidir dicho Comité Coordinador.

Por otra parte, cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; la forma para su designación y sus atribuciones quedarán determinadas en la ley, podrán formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana durarán cinco años en sus cargos y sólo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia.

El Comité de Selección del Sistema deberá integrarse por nueve ciudadanos con el objeto de realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema; la forma para su designación y sus demás atribuciones quedarán determinadas en la Constitución y la ley.

Se podrá proceder penalmente contra el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, conforme a las siguientes bases:

• Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo. Las medidas cautelares no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad, salvo en los casos de delincuencia organizada, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación y de la salud.
• Dictada la sentencia condenatoria, en su caso, se notificará la misma en un plazo no mayor a tres días naturales a partir de que la misma cause ejecutoria.
• En caso de que la sanción impuesta haga incompatible el ejercicio del cargo en términos de la fracción III del artículo 38 de esta Constitución, se separará al sentenciado de sus funciones. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena.
• Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 112 de esta Constitución cometa un delito durante el tiempo que se encuentre separado de su cargo, no se aplicará lo que señala dicho precepto.

Cabe mencionar que se le dará a la Auditoría Superior del Estado facultades para revisiones en tiempo real y para actuar para denunciar y sancionar sin esperar el aval del Congreso, la extinción de dominio y la declaración patrimonial 3 de 3 de los funcionarios públicos.

A favor del dictamen se pronunciaron los Diputados Samuel Alejandro García Sepúlveda, Marcelo Martínez, Patricia Salazar, Rubén González, Héctor García, Arturo Salinas, Hernán Salinas y Ángel Barroso Correa.