Sancionarían con cárcel a padres que simulen menos ingresos

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales, propuso tipificar el delito de “fraude familiar”, con penas de tres a seis años de prisión, buscando así acabar con los casos en que tras el divorcio o la separación, los padres evaden su obligación de brindar manutención a sus hijos.

La también Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, detalló que la iniciativa reforma los artículos 391 Bis del Código Penal y 408, así como al Código Civil, a fin de establecer un capítulo denominado “Fraude Familiar”, delito que se comete cuando el cónyuge oculte, ceda o transfiera, o adquiera a nombre de terceros bienes, para omitir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Así mismo, aplicaría cuando se compruebe que se simuló contar con ingresos inferiores a los reales, con la finalidad de brindar una pensión alimenticia menor a la que le corresponde, situación que dijo, es más común de lo que parece.

“La iniciativa busca proteger a las mujeres, y a los menores de edad que enfrentan el divorcio familiar, garantizando la cobertura de sus necesidades básicas y la salvaguarda de su integridad emocional.

“Se pretende evitar que una persona simule, en perjuicio de su cónyuge o hijos, durante los procesos de divorcio y/o pensión alimenticia, tener menos bienes o percibir recursos inferiores a los reales, a efecto de otorgar una pensión más baja a la que legalmente corresponde, como en un caso de divorcio, simular bienes menores a los que tendría derecho la contraparte”, añadió.

Explicó, que en el Código Civil se propone derogar la fracción primera del artículo 320, el cual permite suspender la obligación de dar alimentos cuando se carece de medios para cumplir.

“Es necesario que los padres se responsabilicen de brindar los medios necesarios para el desarrollo de los menores; de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 3 de cada 4 hijos de padres solteros no reciben pensión alimenticia”, recalcó.

Busca Karina Barrón que las mismas sean consideras como violación

Para atender las recomendaciones emitidas por ONU Mujeres, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón Perales, propuso una serie de reformas al Código Penal del Estado, para eliminar los delitos de estupro y rapto, para que sean considerados dentro del delito de violación.

Ante el Pleno del Congreso la legisladora manifestó que es necesario que en el Estado se eliminen las figuras delictivas que son consideradas como discriminatorias contra las mujeres, ya que con ello no se brinda la justicia necesaria a las víctimas.

“En nuestro Código Penal, aún se contemplan diversas conductas que violentan o discriminan a las mujeres, o bien, contemplan la posibilidad de no aplicar pena si se contrae matrimonio con la víctima, aun cuando sea menor de edad, cómo es el caso del delito de estupro, y el que contempla una sanción mínima y una multa insignificante para el infractor que tiene relaciones sexuales con una niña”, explicó.

Barrón Perales precisó que es inadmisible que se sigan contemplando conductas antijurídicas que fomenten la revictimización, porque que se le da una salida fácil al agresor.

“Es inadmisible que nuestro Código Penal contemple conductas antijurídicas que se ubican en el supuesto jurídico de violación o privación ilegal de la libertad y se les otorgue una penalidad mínima, lo cual se trata de una clara revictimización”, señaló.

Por lo anterior, la también Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, indicó que es urgente garantizar la seguridad integral de las féminas y sobre todo atender como Poder Legislativo las recomendaciones emitidas por organismos internacionales.

“Debemos garantizar el interés superior de la niñez, realizar acciones afirmativas para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, tutelar su seguridad y libertad y atender las recomendaciones de la SEDAW, ONU Mujeres, CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres, por lo cual se propone derogar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León”, manifestó.

Es importante señalar que en dicha propuesta se solicita modificar la fracción II del artículo 51 bis y la fracción III del artículo 143 y derogar los artículos 262 a 264 y 359 a 363 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, relacionados con los delitos de Estupro y Rapto.

Prevén destitución de funcionarios que cometan esta conducta

Para que se reconozca la violencia de género como un agravante del delito de acoso sexual, y se incrementan las penas hasta por un tercio, la Diputada Claudia Tapia Castelo del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Con esta iniciativa se pretende además incluir la destitución de los servidores públicos que llegaran a resultar culpables de este delito. Lo anterior, tras haber presentado una denuncia ante la autoridad competente por lo sucedido en contra de su persona el pasado lunes, donde se editó con contenido sexual una fotografía suya.

Por ello, la Diputada presentó la iniciativa en la que se busca que haya una adición en el artículo 271 Bis 2.

“La experiencia reciente de una servidora y la de muchas otras mujeres nuevoleonesas que han enfrentado circunstancias similares, me llevan a afirmar que es necesario reconocer la violencia de género como un agravante del acoso sexual. Tenemos claro que las formas de expresar la misoginia han evolucionado y que la violencia de género sigue permeando en múltiples áreas de la vida social en donde la mujer exige tener participación.

“También hemos visto que la presencia de nuevas tecnologías acercan a los agresores a maneras más rápidas y eficaces de dañar a sus víctimas, en este caso, a las mujeres”, señaló La legisladora.

Además, indicó que se debe de realizar esta reforma para que se pueda tener reconocimiento de la violencia de género como un agravante del acoso sexual, lo cual permitirá dar una dimensión más realista a este delito.

“Consideramos que el reconocimiento de la violencia de género como un agravante del acoso sexual, permitirá dar una dimensión más realista a este delito y de paso se combate la cultura machista, que encuentra en el acoso sexual como una forma de procurar el sometimiento de las mujeres en diversos ámbitos de su vida”, comentó Tapia Castelo.

La iniciativa, a la que se suscribió la Diputada Marlenne Benvenuti, fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Buscan cerrar brecha de desigualdad entre hombres y mujeres

En busca de que sea establecido el delito de ‘violencia política contra las mujeres’, la Diputada Alejandra Lara Maiz, a nombre del Grupo Legislativo del PRI, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Lara Maiz señaló que es necesario que se castigue con seis meses a dos años de prisión a quien cometa el delito de violencia política en contra de las mujeres, y se interponga una multa que vaya desde los 4 mil hasta los 24 mil pesos.

“Esta reforma busca cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres haciendo de ello una herramienta jurídica, que permita una igualdad de oportunidades, para el acceso a cargos públicos”, explicó la legisladora.

Además, la priista agregó que actualmente nueve entidades tienen contemplada la ‘Violencia Política’ en sus respectivas leyes electorales y 10 más, incluido Nuevo León, en la ‘Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’, pero solamente en Oaxaca, la ‘Violencia Política’ se encuentra tipificada en su Código Penal como delito.

“Encontramos oportuno que se adicione un artículo 337 bis 7 al Código Penal del Estado, en el sentido de tipificar el delito de violencia política por razones de género a quien realice por sí, o a través de terceros, cualquier acción u omisión que impida, limite o restringa los derechos políticos electorales de las mujeres y acceso a un cargo público, alcanzando la penalidad de seis meses a dos años de prisión, y de cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización”, manifestó la Diputada.

La reforma con proyecto de Decreto implica modificación a la denominación del Capitulo Único del Título Décimo Quinto Bis, pasando a ser Capítulo I, adicionándose un Capítulo II, Denominado Violencia Política, y por adición del artículo 331 Bis 7, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Además de las multas ya mencionadas, quien cometa este delito se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, de cincuenta a trescientas veces Unidades de Medida y Actualización diaria en el momento de la comisión del delito.

A esta iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para el análisis correspondiente, se sumaron los diputados Rosa Isela Castro del PAN, Claudia Tapia Castelo de Morena, Ivonne Bustos del PVEM, Luis Susarrey del PAN y Esperanza Alicia Rodríguez López del PT.