Atribuyen responsabilidad a policías ministeriales y de Fuerza Civil

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió las Recomendaciones 12/2018 y 13/2018, dirigidas al Fiscal General de Justicia del Estado y al Secretario de Seguridad Pública Estatal, respectivamente, por actos de tortura y malos tratos, así como uso de la fuerza indebida, atribuible a elementos policiales en contra de personas detenidas.
En la Recomendación 12/2018 se acreditó que a finales del 2016, agentes de la policía ministerial, al interceptar un vehículo en el que viajaba una mujer y un hombre por la carretera nacional, en el Municipio de Santiago, les obligaron a detener su marcha y al descender del mismo, ejercieron violencia física en contra del hombre detenido y violencia sexual en perjuicio de la víctima.
Ante dichos acto de violencia sexual perpetrados por un agente ministerial, esta Comisión Estatal determinó la intervención del Centro de Atención a Víctimas, a fin de analizar el estado psicológico de la mujer privada de su libertad, quien presentó un estado clínico con sintomatología de un trastorno por estrés postraumático.
Por lo anterior, este Organismo dictó los siguientes puntos recomendatorios: Se brinde el tratamiento y acompañamiento psicológico especializado que se requiera; se investigue y determine las responsabilidades administrativas acreditadas.
Se gire las instrucciones necesarias, a fin de presentar una estrategia de capacitación o formación de la policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en temas relacionados a la prohibición del empleo de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con especial énfasis en violencia de género.
Se le dé seguimiento a la vista realizada a la Fiscalía General de Justicia del Estado por este Organismo, al constituir los hechos como actos de tortura, mediante la investigación penal respectiva.
Además, la implementación de protocolos relacionados a la prohibición de la tortura y malos tratos, así como del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia con especial énfasis en violencia de género y desarrollar cualquier mecanismo o normatividad para prevenir el empleo de la tortura y malos tratos, asimismo, fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos.
En la Recomendación 13/2018, la CEDHNL acreditó el uso indebido de la fuerza y violencia física ejercida por policías de Fuerza Civil, al detener a un hombre en el Municipio de Ciénega de Flores, a finales del 2016.
De las investigaciones realizadas se advirtió que la víctima se resistió a la detención por el temor y desconfianza de ser privado de la libertad por unas personas vestidas de policías con armas de fuego que descendieron de un “taxi”, sin tener ninguna otra referencia que corroborara que se trataba de elementos de Fuerza Civil.
En esta Recomendación se solicitó se brinden las atenciones médicas y psicológicas que requiera la víctima; se resuelva por parte del órgano de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública, el procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicia a raíz de los hechos denunciados por las víctimas.
Se reitera como medidas de no repetición, la implementación de protocolos en materia de detención y uso de la fuerza, asimismo, se lleve a cabo la capacitación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en materia de derechos humanos, específicamente, en el empleo del uso de la fuerza.

Van 16 denuncias en el año; emite dependencia recomendaciones

De nueva cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de su Presidenta Sofía Velasco Becerra, emitió cuatro recomendaciones dirigidas a la Procuraduría General de Justicia en materia de tortura y de procuración de justicia.

En rueda de prensa, la titular de la CEDH lamentó que en el Estado de Nuevo León persistan los casos de tortura ejercidos por personal de las distintas corporaciones de seguridad, tanto municipales como estatales, en cuyos métodos ejercidos destacan la tortura psicológica y física.

“El día de hoy estamos emitiendo cuatro recomendaciones, todas van dirigidas a la Procuraduría General de justicia del Estado, dos son materia de tortura y otras dos más en procuración de justicia por tratarse de averiguaciones previas de personas desaparecidas”, puntualizó.

En lo que va del año, según información proporcionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, van 16 denuncias por actos de tortura.

En está ocasión las recomendaciones 4 y 5 van dirigidas al Procurador General de Justicia, Bernardo González Garza, a quien de manera enérgica se le exhortó a que de inmediato atienda las investigaciones correspondientes, capacite a los policías ministeriales en temas relacionados con los derechos humanos, así como hacerse responsable del tratamiento psicológico de las víctimas.

“Las recomendaciones al Procurador como autoridad responsable es la recomendación 4 y 5, las cuales obedecen a violaciones graves de derechos humanos a través de actos constitutivos de tortura psicológica, realizado durante las detenciones arbitrarias por parte del personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, ocurridos en el año 2011 y 2013, en perjuicio de dos víctimas mayores de edad del sexo masculino, con el fondo obtener datos”, señaló Velasco Becerra.

En ese sentido, la Presidenta de la CEDH externó que espera que la Procuraduría atienda estos llamados, como ya lo ha hecho anteriormente y aclaró que en todo momento esta dependencia ha estado en la disposición de colaborar con las capacitaciones  relacionadas a derechos humanos.

“Hemos recomendado que se les de capacitación y si ha habido respuesta por parte de ellos, hemos estado dando también cursos de capacitación, no podemos cubrir de pronto a todos los elementos de la policía, en la medida también de las posibilidades de la Comisión que hemos estado participando y coadyuvando en los cursos que nos solicitan”, mencionó.

Referente al tema de procuración de justicia, las recomendaciones 6 y 7 fueron dirigidas a la Agencia del Ministerio Público Investigador Número 1 del Tercer Distrito Judicial en el Estado, ubicada en el Municipio de San Nicolás.

La Presidenta de la CEDH precisó que las personas encargadas de esta dependencia no llevaron a cabo una pertinente investigación de personas desaparecidas, puesto que no se investigó de inmediato.

Razón principal por la que solicitó que a la brevedad la Procuraduría General de Justicia actúe en estos casos mediante la aplicación del Protocolo de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas.