Buscan proteger a alumnos, maestros, personal administrativo y padres

Ante el inicio del Ciclo Escolar 2022-2023 de manera presencial, luego de dos años de clases en línea, la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito implementó un operativo vial en las zonas aledañas a 70 planteles que se ubican en esta ciudad.

El Director de Tránsito, Gerardo Gloria Juárez, explicó que el objetivo es proteger la integridad de alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia.

De acuerdo al Reglamento Homologado de Tránsito, en zona escolar la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora en los horarios establecidos, de 7:00 a 9:30 horas. 11:30 a 14:30 horas y 16:30 a 18:30 horas.

“Tenemos que reeducarnos, es decir, si todo mundo tomáramos consciencia, que limitamos nuestras velocidades, que nos respetemos obviamente, que tengamos una buena cultura vial, pues estamos buscando nosotros precisamente ese bienestar común”, comentó el funcionario.

La multa por conducir a exceso de velocidad en zona escolar es de 2 mil 886 pesos.

La Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey implementará estos operativos en forma permanente en avenidas donde se ubican jardines de niños, primarias y secundarias como Juárez, Madero, Colón, Garza Sada, Lincoln, Constitución, Venustiano Carranza, y Ruiz Cortines, entre otras

Se busca mantener estas acciones preventivas, con la finalidad de evitar atropellos y hechos de tránsito, ya que en esta capital confluyen alrededor de tres millones de vehículos diariamente, y luego de dos años de que los menores no acudieron a la escuela los conductores perdieron la costumbre de reducir la velocidad en zona escolar.

Por eso exhortó a la población en general, a conocer el Reglamento de Tránsito, y dar prioridad al peatón, entre otras recomendaciones como:

Salir con tiempo desde su hogar para llegar sin problemas a su destino.

Respetar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.

Conducir con precaución y cortesía.

No estacionarse en segundo carril ni en lugares que no están permitidos.

Cuidar la integridad de sus hijos y de los transeúntes

Usar cinturón de seguridad.

Asegurarse de cerrar bien las puertas del automóvil.

Guardar la distancia entre un automóvil y otro.

No dejar al niño solo en el vehículo por ningún motivo ni por un instante.

Evitar el congestionamiento vial.

Avala medida por la proximidad que tienen con la ciudadanía

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz consideró conveniente capacitar a los elementos de Vialidad y Tránsito como Policías, a fin de incrementar el número de respondientes ante un acto o situación delincuencial.

“Todos, el primer respondiente puede ser cualquier autoridad, inclusive los Tránsitos en efecto, porque el Tránsito y los Policías municipales tienen una gran proximidad con la comunidad, están en la calle y puede el Tránsito presenciar un delito, él debe actuar haciendo la detención en flagrancia o resguardando a la víctima, resguardando datos”, indicó.

De igual forma, expresó que el hecho de haber estado coyunturalmente en el lugar y en el momento en el que se comete algún delito, convierte al elemento en este caso de Tránsito, en primer respondiente, por lo que dijo es necesario que los agentes de vialidad sean capacitados al igual que los policías.

“Conviene, conviene que sean capacitados en ese sentido (al igual que los elementos de seguridad pública)”, apuntó.

BRAZALETES CON GPS

Con respecto a la propuesta hecha por el Procurador General de Justica de colocar brazaletes con GPS a los acusados que no les sea aplicada la prisión preventiva, Arenas Bátiz respondió que esto es jurídicamente posible, debido a que se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia no propiciará el uso de este instrumento.

“El código habla de una lista de medidas cautelares que pueden aplicarse y la más extrema de ellas es la prisión preventiva, pero antes de llegar a esa cautelar restrictiva de la libertad que es la última opción, puede haber otras previas y el propio código habla de los brazaletes o del arraigo domiciliario o restricciones para salir del Estado, obligaciones de reportarse periódicamente con la autoridad hay muchas, por lo pronto los brazaletes si están contemplados en la Ley”, detalló.

Entre otras cosas, señaló que el problema que podrían traer consigo los brazaletes no es procesal ni legal, si no de carácter económico.

“Comprar los brazaletes y tener esa coordinación con las diferentes áreas como los C4 para poner para poder mantener el rastreo permanente de los mismos”, expresó.

Finalmente añadió que cada caso es diferente y opinó que en algunos de ellos en lugar de llegar a la prisión preventiva podría ser una buena alternativa.

“En el Poder Judicial en la medida que está previsto en el catálogo de medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales no le vemos ningún problema, nosotros no podríamos decir que propiciaríamos el uso de ese instrumento, cada juez dependiendo de cada caso decide cuál es la cautelar más adecuada”, concluyó.