Para atender los reportes de violencia familiar

Al arrancar el despliegue operativo de protección a las mujeres y de sus familias, la Alcaldesa Cristina Díaz incrementó los equipos multidisciplinarios, trabaja en la actualización de la APP “Mujer Segura”; y puso en marcha unidades como “Refugios móviles”.

Como parte del plan integral para erradicar la violencia de género y salvaguardar la integridad de las mujeres, la Alcaldesa Cristina Díaz dio  arranque a las 3 nuevas unidades de atención y asesoría jurídica del Programa “Refugio Móvil”.

Los vehículos acudirán a atender los reportes que llegan al teléfono de emergencia 911, y de los recorridos que personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Derechos Humanos realiza en sectores con más índices de violencia familiar, mencionó la Alcaldesa.

Abordo de las unidades estará un equipo multidisciplinario integrado por una abogada, tres psicólogas, dos trabajadoras sociales y una criminóloga, quienes detalló Cristina Díaz, apoyarán a las mujeres con asesoría jurídica y contención emocional.

“Estamos hablando de que tendremos estas 6 unidades para atender como refugio móvil para poder brindar la atención; sin duda no es suficiente para el grave problema que tenemos, lo delicado que estamos sufriendo la sociedad mexicana en el tema de violencia hacia la mujer, la violencia familiar también son de los temas que más nos importan y como dice el presidente del DIF, Tomás Montoya queremos familias unidas, familias fuertes”, expresó Díaz.

Las nuevas unidades son una Urvan para 14 pasajeros y dos vehículos Chevrolet Onix, que se suman a las 3 unidades (Urvan, Transit y un Versa).

Así mismo, Díaz señaló que, con estas acciones, se refuerza la estrategia para erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres para mejorar la calidad de vida y permitirá que cada día se sientan más seguras.

Estas unidades se concentrarán en los sectores que tienen mayor incidencia de violencia: Tres Caminos, Nuevo Milenio, Evolución, Valle Soleado, Cañada Blanca y Nuevo San Rafael; Además estarán a la par de los 22 botones de pánico que estarán conectados al C4.

“Queremos que las mujeres denuncien, que tengan esa valentía porque tienen que afrontar muchas situaciones para poder llevar a cabo la denuncia, ya no las queremos calladas, ya no queremos ese silencio que lástima y que nos lastima a todas las mujeres y a la sociedad”, dijo la Edil.

Durante el evento estuvieron presentes: Emilio Grimaldo, Encargado del Despacho de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Derechos Humanos; Jorge Márquez, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Claudia Hernández, Secretaria de Bienestar; Luis Zertuche, Director General del DIF; Blanca Armendáriz, Directora General de Políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; Jazmín García, Coordinadora de UNIPREVI; y Perla Hernández, Coordinadora de Alternativas Pacíficas A.C.

Advierten que se abusa de la figura de las órdenes de protección

Con el fin de brindar una protección anticipada en posibles conductas de violencia familiar en menores, la Diputada Local del Grupo Legislativo del PRI, Alhinna Vargas García propuso reformar el Código Civil y al Código Penal del Estado, para sancionar a cualquiera de los progenitores que incurren con falsedad en las declaraciones solo por perjudicar a algunos de los cónyuges.

Al entregar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso Local, la legisladora explicó que la protección de la familia y de sus integrantes, en especial en los menores, está plasmada en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el primer artículo de la Carta Magna local y el derecho de los menores de edad a la convivencia familiar está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución federal y en el tercero de la Constitución de Nuevo León.

“Es una práctica común brindar órdenes de protección de manera anticipada a una determinación judicial, cuando existe el temor fundado de una agresión en el seno familiar por alguno de los cónyuges”, dijo.

“Para brindar una protección anticipada a posibles conductas de violencia familiar, ya que se conceden a partir de la manifestación unilateral del o la solicitante, a lo que el juzgador, bajo el principio de buena fe procesal y de urgencia, se otorga las órdenes de protección”, añadió Vargas García.

Además, mencionó que las órdenes de protección anticipada son concedidas por el Juez a partir de la petición del o la solicitante, y de acuerdo a lo que decida el juzgador se brindará protección al menor.

“Lamentablemente, en muchos casos se ha abusado en el uso de estas figuras, pues es cada vez más evidente que los hechos expuestos para solicitarlas, son exagerados o lo que es más grave, son hechos inexistentes o falsos, que se aducen con el único fin de causar daño a uno de los cónyuges, para así obtener un resultado indebido con relación a la custodia, convivencia y pensión alimentaria de personas menores de edad; lo que deriva en una violación al interés superior del menor”, detalló la Diputada priista.

“En la iniciativa que presento se establece que las órdenes de protección y otras medidas relacionadas, podrán quedar sin efectos si se prueba la falsedad en las declaraciones vertidas; y como consecuencia, de la comisión de ese delito, se perdería el derecho de ejercer la patria potestad”, finalizó Vargas García.

Reactiva “Retas por La Paz” ante adolescentes y padres de familia

Al impulsar el deporte como una alternativa para disminuir los índices de violencia, la Alcaldesa Cristina Díaz reactivó el programa “Retas por la paz” ante adolescentes y padres de familia del sector Cañada Blanca.

La reanudación del programa municipal se llevó a cabo en la secundaria número 40 “Fernando Montes de Oca”, en la que participó el personal docente y los titulares de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; de Bienestar Social; de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Derechos Humanos y DIF.

Implementarán políticas y acciones relacionadas con este delito social

Bajo la coordinación de la Secretaría de las Mujeres, autoridades de Nuevo León instalaron una mesa operativa de respuesta sobre violencia familiar para la instrumentación de políticas y acciones relacionadas con este delito social, que es el que más se denuncia en la línea de emergencia 911.

A través de este grupo, por primera vez se trabajará en la vinculación de todas las instituciones responsables de generar la protección integral para las mujeres, desde el Estado, los municipios y la sociedad en general.

La mesa coordinará la conformación de una Ruta Violeta, que garantice que las mujeres tendrán acceso a servicios esenciales de atención y protección.

El compromiso del Gobierno de Nuevo León, señaló la Secretaria de las Mujeres, Alicia Leal Puerta, es reordenar la atención alrededor de las mujeres y evitarles un largo camino burocrático que vulnere sus derechos.

“Lo que buscamos es que todas las mujeres, niñas, mujeres adultas mayores, adolescentes, tengan a su servicio a las instituciones, que las instituciones estemos alrededor de ellas facilitando un proceso en donde puedan ejercer su derecho a la vida libre de violencia”, dijo Leal Puerta.

“No nada más es decirles que tienen derecho y que rompan el silencio, sino que también las instituciones deben garantizar estos servicios. “Sabemos que contamos con muchos servicios, ya disponibles, ahora el reto para el Estado es garantizar esta coordinación para una respuesta eficiente y efectiva. Ese es el reto y aquí es a donde le vamos a entrar todas y todos, porque es una determinación y un acuerdo ya de esta administración”.

La mesa operativa de respuesta trabajará en la homologación de servicios estatales de prevención de violencias contra las mujeres: en un nivel primario para la detección oportuna de casos; en nivel secundario para la respuesta inmediata ante denuncias de agresión, y en nivel terciario para la atención y protección de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos.

El grupo se estableció este martes, en una sesión en línea, tras un acuerdo de la Mesa para la Construcción de la Paz.

A la mesa se integraron representantes de las Secretarías de las Mujeres, de Seguridad Pública y de Igualdad e Inclusión; de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, Fuerza Civil, el C5, el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el Consejo Nuevo León, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

La Secretaria de las Mujeres propuso sumar a estos trabajos a los municipios con mayor cantidad de denuncias de violencias que tengan la voluntad de consolidar la Ruta Violeta, al considerar que “si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución”.

Si detectan que algún candidato mintió se cancelará su registro

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral avaló el procedimiento para verificar la autenticidad de las manifestaciones realizadas por las candidatas y los candidatos contendientes en estas elecciones en los formatos de violencia de género, así como el método que utilizará para esta revisión.
o anterior, se deriva de las reformas que realizó la CEE en enero pasado a los Lineamientos de Registro y de Candidaturas Independientes, al establecer la obligación de todas las candidaturas de cumplir con la manifestación “3 de 3 contra la violencia”, en la que a través de un formato se expresa no haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar, delitos sexuales, ni deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias.

Para constatar si las personas registradas no han sido condenadas o sancionadas por alguno de los supuestos establecidos en los Formatos de violencia de género, la Comisión estableció que efectuará una verificación de sus manifestaciones a través de una muestra representativa aleatoria que se llevará a cabo en presencia de Consejeras y Consejeros Electorales, y representantes de partidos y candidaturas independientes.

Así, durante la primera quincena de mayo, la Comisión solicitará a diversas autoridades información específica de las candidaturas que resulten seleccionadas, como antecedentes penales relacionados con delitos de violencia familiar y/o doméstica; cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; delitos contra la libertad sexual o la intimidad corporal; con casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y sobre la calidad de persona deudora alimentaria morosa determinada por resolución firme.

En los casos en que se obtenga evidencia que vulnere los supuestos de los Formatos de violencia de género, de inmediato se dará vista a la persona candidata para que, en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; así como al partido postulante en los mismos tiempos y para los mismos efectos.

Además, durante la segunda quincena de mayo, la CEE elaborará un dictamen respecto al cumplimiento o incumplimiento del requisito del modo honesto de vivir de las candidaturas sujetas a revisión.

Asimismo, si se determinara la cancelación de una o varias candidaturas por incumplir alguno de los supuestos en dichos Formatos, partidos y coaliciones podrán realizar sustituciones de candidaturas, sin embargo, como las boletas ya están impresas, no será posible incluir en éstas los nombres de las personas sustitutas, pero los votos obtenidos contarán para la o las candidaturas registradas.

Si luego de la verificación, el organismo detecta que alguna persona candidata incurrió en falsedad de declaraciones, dará vista a las autoridades correspondientes.

Al concluir la verificación, la Secretaría Ejecutiva de la CEE rendirá un informe al respecto al Consejo General.

Buscan que ciudadanía no caiga en problemas de violencia familiar

El Municipio de Escobedo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) para reforzar las acciones y estrategias en la reconstrucción de los valores sociales.

De esta manera, Escobedo se convierte en el primer Municipio del país en suscribir este acuerdo con la dependencia federal.

El documento fue firmado de manera virtual por el Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa; el Secretario de Ayuntamiento, Andrés Mijes Llovera, y la titular del INDESOL, Luz Rosales Esteva.

“Con esto, lo que estamos buscando es que la ciudadanía no llegue a caer en problemas de violencia familiar, de género y contra niños, niñas y adolescentes”, señaló Quiroga Chapa, “los métodos que tiene el INDESOL nos ayudarán mucho, pues ya tenemos programas compatibles que hay que reforzar”.

Con esta colaboración, se impartirán talleres y capacitaciones a los servidores públicos, quienes adquirirán las herramientas personales y profesionales necesarias para mejorar los procesos para la reconstrucción de paz en la ciudad.

Los temas que se abordarán son comunicación asertiva y escucha activa, transformación de conflictos, igualdad y equidad de género, seguridad ciudadana, cultura de paz y cohesión social, prevención de violencias, perspectiva de género y promoción de ciudadanía activa.

Por su parte, la titular del INDESOL manifestó que el compromiso es trabajar con los municipios donde surgen las problemáticas, pero también donde están las soluciones.

“En la medida que INDESOL aporte elementos que ayuden a que esto se dé en una forma organizada e institucional, estamos cumpliendo con la labor que tenemos”, dijo Rosales Esteva.

“Queremos que sea un municipio donde se logren, entre otras acciones, mejorar las relaciones de confianza entre sociedad y gobierno, que otros municipios vean que Escobedo es un ejemplo de cómo se trabaja en sinergia”.

En el evento también estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Social, Eloy Gerardo Garza Obregón; el Subdirector de Desarrollo Humano Integral, Luis Roberto Garza Gómez; el Jefe de Dictaminación y Ajuste de Proyectos, Ethan Camacho Estrada, así como Rafael Cortés Gómez, del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED).

Que hayan sido vulnerados por violencia familiar

Con el compromiso de diseñar una estrategia que apoye a niñas y niños afectados por la pandemia del Covid-19, que incrementó la violencia familiar, el Gobierno de Guadalupe hizo equipo a favor de la niñez con el SIPINNA Nacional y Estatal, el Poder Judicial, y los maestros.

Al encabezar la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Guadalupe, la Alcaldesa Cristina Díaz y el Presidente del DIF, Tomás Montoya, analizaron la situación que viven las niñas y los niños, que han sido vulnerados en sus derechos.

En la reunión virtual, participó el Secretario Ejecutivo del SIPINNA Nacional, Ricardo Bucio Mújica, quien atestiguó el compromiso de los integrantes del Sistema Municipal en Guadalupe, para transformar la vida de niñas y niños que sufren agresiones y maltratos, además de la Magistrada Graciela Buchanan.

En Guadalupe, informó Díaz, se tiene un registro de 450 casos de maltrato infantil en este año 2020, además de registros de violencia familiar que oscilan en los 140 a 160 reportes por semana.

“Por el bien de niñas y niños de Guadalupe, debemos hacer juntos un modelo o proyecto de trabajo y definir la estrategia que nos permita rescatarlos del maltrato infantil que han vivido”, expresó Díaz.

La Alcaldesa destacó el caso de Claudia, una niña que a sus 12 años padecía violencia física, psicológica y sexual, y que actualmente tiene un cambio radical en su condición emocional y social, a raíz de la ayuda que recibió por parte del DIF, a través del Centro Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CINNA).

Al igual que el caso de Claudia, señaló Díaz, la intención del Gobierno de Guadalupe, es dar seguimiento y atención a menores de edad que viven maltrato, contrarrestando la violencia familiar.

“Con la suma de todas las voluntades podremos mejorar la calidad de vida de menores de edad, porque nos preocupa el número de reportes semanal por violencia familiar, que afecta a la niñez”, reafirmó.

Participaron en la reunión de trabajo del SIPINNA Guadalupe, la Agente del Ministerio Público Investigador, especializada en violencia familiar y delitos sexuales, San Juana Treviño; el Director de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, Alejandro Balderrama; y Thelma Flores, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Estatal.