Para castigar creación de fotografías falsas con tintes pornográficos

Sandra Pámanes, Vicecoordinadora y Vocera Oficial de la Bancada Naranja, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de violencia digital y órdenes de protección.

Con la reforma al Código Penal se busca agregar como delito el hecho de, a través de la tecnología, elaborar, editar o alterar la imagen de una persona para actos de exhibicionismo corporal o de pornografía.

La emecista detalló que a través de la Inteligencia Artificial (IA) cada vez es más común crear fotografías falsas con tintes pornográficos, afectando incluso a menores de edad, para denigrar la imagen de una persona para la difusión masiva del contenido a través de redes sociales.

Y al existir un vacío legal en la materia, Pámanes indicó que se requiere atención urgente ya que no existen sanciones en México.

En este tipo de casos, también se promueve incrementar la pena en un tercio cuando se utilicen programas de computación, medios electrónicos o medios digitales, que elaboren, editen o alteren audio, video o imágenes para la realización de contenido del tipo erótico o pornográfico.

“Que se pueda agravar la pena, en el caso del acoso sexual, que es de 2 a 4 años, que se eleve a 6 años, y en el caso de la pornografía infantil, que es de 10 a 21 años, que se amplíe a 26 años”, comentó Pámanes.

Con la reforma a la Ley, la Vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano indicó que se busca tomar medidas para la destrucción inmediata del contenido creado.

Para garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público o los jueces, ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, como la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación.

“Que se establezcan las medidas de prevención y de protección para que el juez ordene de inmediato el retiro de todas estas imágenes y se pueda identificar a través de la Policía Cibernética las plataformas y la manera en que se está haciendo la distribución de estas imágenes”, dijo.

Para salvaguardar la vida, la libertad, dignidad y desarrollo de menores

Con el fin de salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, la salud, la educación y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentará una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un capítulo denominado “Cohabitación Forzada”, que busca imponer penas de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 144 mil pesos a quien cometa este delito.

El líder de la bancada el tricolor detalló que la propuesta es parte de la Agenda Temática del GLPRI para crear un nuevo Capítulo Octavo denominado “Cohabitación Forzada”, dentro del Título Segundo denominado “Delitos Contra la Familia”, en el que se establecerá la sanción que se impondrá a las personas que obliguen a un menor de edad a cohabitar con otra persona, ya sea adulta o también menor de edad.

“Este lunes presentaré la iniciativa en Oficialía de Partes que pretende reforzar la protección a los menores de edad para evitar que sean obligados a vivir con un adulto o con otro menor, en una relación parecida al matrimonio”, indicó.

“Este vacío legal ha favorecido que los menores de edad sigan siendo víctimas de que se comercie con ellos, de abuso o violencia sexual, y de que se atente contra su integridad física y psicológica”, alertó.

Treviño Cantú aseguró que el matrimonio infantil o la unión forzada representan una extensión de la violencia de género, ya que se observan conductas que van desde el engaño, la ausencia del libre consentimiento, amenazas, violencia física, violación y hasta el homicidio.

“Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”, planteó el Coordinador priísta en la exposición de motivos.

Explicó que también se prevé un aumento en la pena si la persona menor de edad pertenece a una comunidad indígena.

“Al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a mil 500 cuotas, equivalentes a 144 mil pesos; la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena”, propuso.

Aunque Nuevo León no cuenta con poblaciones que tengan como uso y costumbre el matrimonio infantil, Treviño Cantú afirmó que es necesario proteger a los menores de edad de estas prácticas, ya que, por circunstancias históricas y económicas, en la entidad, se han asentado diversas comunidades de todo el país, lo que podría propiciar que se cometa esta conducta ilícita.

El Grupo Legislativo del PRI, aseveró, tiene la obligación de reforzar la política criminal que tengan como objetivo proteger el interés superior de la niñez.