Plantea PRI promover figura jurídica de patrimonio familiar
Por Redacción
Con la finalidad de proteger las herramientas de trabajo
Con la finalidad de proteger las herramientas de trabajo que son el sustento económico de una familia, el Grupo Legislativo del PRI a través de la Diputada Elsa Escobedo Vázquez exhortó a los 51 municipios y al Instituto de Defensoría Pública estatal para que en conjunto realicen durante el mes de enero campañas de difusión sobre la figura jurídica del Patrimonio Familiar.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora priista precisó que las herramientas de trabajo con las que se sostiene una familia también forman parte del patrimonio familiar.
“En los recorridos que he realizado por mi Distrito, me he percatado del sufrimiento que padecen sobre todo las mujeres y sus hijos, cuando su cónyuge, ante una separación deciden vender parte del patrimonio familiar, cederlos o dejarlos en prenda por deudas de carácter comercial o civil, dejando a la esposa y a los hijos en total desamparo y a su suerte”, manifestó en tribuna.
“Exhorto a los 51 municipios para que, en el próximo mes de enero, en conjunto con el Instituto de Defensoría Pública del Estado realicen campañas de difusión sobre la figura jurídica del Patrimonio Familiar, con la finalidad de divulgar sus bondades y beneficios, así como para que este último patrocine y promueva ante los tribunales correspondientes, la constitución de este instrumento para beneficio y protección de los miembros más vulnerables de los núcleos familiares”, agregó.
La legisladora local del PRI manifestó que la población no está familiarizada con este régimen de certeza jurídica.
Escobedo Vázquez detalló que el Código Civil estipula que los bienes que pueden constituirse como patrimonio familiar son: la casa habitación de la familia, en algunos casos una parcela, el mobiliario de uso doméstico, equipo agrícola como maquinaria, diversas herramientas, las semillas, los implementos y aperos de labranza.
También se considera como patrimonio familiar: el vehículo en que se presta el servicio público de alquiler, el derecho a la concesión de las placas, los libros, escritorios, aparatos e instrumentos científicos y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio de la profesión.