Llama CEDHNL a formular plan de inclusión laboral para personas con discapacidad

Por Redacción

Evidencian falta de adopción de políticas sobre este tema

Al presentar la publicación “Contratación de personas con discapacidad en el servicio público”, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León evidenció la falta de adopción de políticas para la inclusión de personas con discapacidad en la plantilla laboral en la mayoría de las instancias públicas encuestadas.

Lo anterior, al mostrar los resultados de un cuestionario que fue dirigido a los 51 municipios y a diversos entes estatales, en el que se preguntó a las autoridades el número y porcentaje de personas con discapacidad empleadas, y las acciones implementadas para impulsar la contratación de personas con discapacidad en la administración.

El ejercicio responde a la obligación, establecida en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de contar con un porcentaje de contratación mínima del 2 por ciento de personas con discapacidad en las administraciones públicas.

De los 25 municipios o autoridades estatales que dieron respuesta, solamente 10 informaron que las personas con discapacidad con¬tratadas igualan o superan el 2% de sus plantillas laborales.

Del número total de personas con discapacidad que fue reportada por las instancias encuestadas, los hombres representan el 70 por ciento; el grupo etario con mayor representación es de 51 a 60 años de edad; las personas con discapacidad física son el grupo con mayor representación y las personas con discapacidad psicosocial son las menos representadas; el 64 por ciento de las personas con discapacidad empleadas en el servicio público tienen puestos operativos y de apoyo mientras que el 3 por ciento tiene puestos de mando medio como coordinaciones y regidurías.

En este sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite un atento y respetuoso exhorto a los municipios y dependencias estatales, en general, a realizar un plan para la contratación de personas con discapacidad en la administración pública, en el cual, considerando el diagnóstico particular, se establezcan acciones para: a) Garantizar el acceso igualitario, sin discriminación por género o edad; b) Se contrate a personas de los distintos tipos de discapacidad; y, c) Se promueva la incorporación de personas con discapacidad a puestos directivos, mandos medios, y de supervisión, profesionales y técnicos.