Van panistas por reformas a Ley de Obras Públicas y Adquisiciones

Sancionarían a funcionarios que saquen provecho de proveedores

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, buscará la aprobación de una serie de reformas a las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones del Estado de Nuevo León, a fin de sancionar a los funcionarios que utilicen los convenios con proveedores, para un beneficio personal.

Así lo informó el Coordinador de los Diputados panistas en el Congreso local, Alfredo Rodríguez Dávila, quien señaló que la propuesta viene tras un largo historial de quejas de proveedores que se han visto afectados por las malas prácticas de algunos funcionarios de Gobierno.

“Las prácticas que existen son caldo de cultivo para la corrupción. Existen reiteradas quejas de proveedores que es un contubernio, si una persona entra a competir la licitación y no es la persona que ellos querían que  ganara, no le pagan la primera vez, ni la segunda y ya la tercera vez, ya no desean participar y eso trae un sobre costo para el erario del Estado y de los Municipios”, dijo.

La intención de la iniciativa es homologar la legislación estatal con la federal, dado que en la segunda se cumplen en tiempo y forma los pagos a proveedores, se sanciona a los funcionarios públicos, además de que, quien no cumple, se ve obligado a pagar multas, recargos e intereses.

De ser avalada la propuesta, se reformarían los artículos 14, 26, 27, 70 y 77 fracción II de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; así como los artículos 14 y 15, la adición del artículo 48 bis y el párrafo tercero al artículo 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Las sanciones a funcionarios públicos que incumplan con las disposiciones hechas por las reformas a estas leyes, prevén la destitución e inhabilitación del cargo de uno a tres años.

“A los servidores públicos que no paguen o contraten servicios sin tener el techo presupuestario, son inhabilitaciones de uno a tres años y se les da la posibilidad a todas las empresas, que no les pague el Estado o los municipios, que puedan a través de una denuncia, cobrar lo mismo que cobra el Estado o la Federación, cuando no le pagan lo que marca la Ley de Ingresos del Estado, multas, recargos e intereses mensuales que podrán llegar a costar hasta un 30%”, explicó.