EDITORIAL XVIII

Los hechos suscitados en el Cereso de Apodaca, donde se fugaron oficialmente 29 personas y se ejecutaron a 44 reos, la mayor parte de ellos por delitos del orden federal, ha sido el detonante para que el Partido Acción Nacional y diversos organismos privados estén cuestionando a la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, señalando que Nuevo León vive una época de ingobernabilidad.

En el caso de la IP, habría que ser muy cautos, en virtud de que para nadie es un secreto que parte de sus integrantes simpatizan con el partido albiazul, por esa razón sus comentarios en torno a la gestión gubernamental no son muy neutrales que digamos.

Esto no quiere decir que se trate de justificar los lamentables hechos que dieron la vuelta en el plano nacional e internacional, pero es necesario que también se vea el fondo de toda esta problemática de índole penitenciaria, que no es un tema exclusivo de Nuevo León; la sobrepoblación de reos federales es algo muy común a nivel nacional.

Por lo que respecta al PAN en Nuevo León, es justo decir que desde hace varias semanas se trae una campaña de desprestigio muy marcada contra la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, haciéndolo ver como el responsable de la inseguridad que vive la entidad, pasando por alto el hecho de que gran parte de la misma, obedece a circunstancias derivadas del actuar del crimen organizado, algo que legalmente entra en la esfera de la competencia de carácter federal.

En muchas ocasiones hemos visto que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha criticado el discurso de algunos Mandatarios estatales, cuando tratan de eludir la responsabilidad de la seguridad en su territorio y señala que se debe de actuar en todos los niveles contra la delincuencia. Sin embargo, aquí es donde está uno de los problemas que ha desencadenado una cascada de aumento delictivo: La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Culpar a una sola autoridad de la violencia que es generalizada en todo el País, es absurdo y fuera de orden; pareciera que se trata de inducir a la comunidad para que se concluya que el Gobernador es el culpable de todo el problema del crimen organizado.

Lo peor de todo, es que en esta época electoral el PAN se está despachando con la “cuchara grande”, para obtener beneficios de índole político.

El PAN y la IP dicen que en NL existe ingobernabilidad; partiendo que esto fuera cierto, entonces tendríamos que llegar a la determinación que gracias a esa “ingobernabilidad” algunos funcionarios panistas y gente ligada a ellos por parentesco o amistad, siguen disfrutando de una libertad inmerecida ante las conductas ilícitas en que han incurrido, pero que gracias al término citado, la justicia de NL no ha logrado su cometido. Sin embargo, las “voces azules” en estos casos han permanecido totalmente mudas.

LIC. RAUL CARRIZALES GONZALEZ