EDITORIAL XIX

Diversos han sido los comentarios y reacciones que se están derivando a raíz del amparo promovido por la ciudadana Dinorah Cantú, en contra de la licencia autorizada a Ivonne Álvarez García, como Alcaldesa de Guadalupe, que finalmente motivó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, dejara sin efecto la misma, provocando con ello que Álvarez García volviera a su cargo.

Para algunos este juicio de amparo tiene un fondo político; para otros, se trata simplemente de un ejercicio jurídico llevado a cabo por la quejosa, con la orientación de uno de los despachos de mayor prestigio en el Estado.

Aunque en primera instancia, el despacho Martínez Arrieta había asegurado que no buscaba reflectores ni sacar provecho de este asunto, con el paso de los días pareciera que esta fue su finalidad, ya que están haciendo todo lo posible por llamar la atención, no sólo a nivel local, sino a nivel nacional.

La actuación llevada a cabo por el equipo de abogados, levantó el ánimo de las organizaciones no gubernamentales que muchas veces aprovechan este tipo de casos para poder explotar en su favor los asuntos de orden político.

Lo que llama la atención es que la mayoría de los partidos y líderes de organizaciones populares y centrales obreras, se han quedado mudas ante este acontecimiento.

Por ejemplo, del lado del PAN, que son unos aguerridos en temas que afectan a sus principales enemigos políticos, prácticamente se quedaron sin habla, nadie expone ninguna crítica o comentario negativo sobre el asunto. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque también alguno de sus funcionarios va a estar en la misma situación.

Tenga o no la razón la ciudadana, las autoridades judiciales de la Federación se metieron en un grave problema de índole político. Les puede traer consecuencias, no jurídicas, sino como decimos, de tipo político.

Cada quien tendrá su argumento en relación a este tema que habrá de impactar no el Estado de Derecho, porque gracias a este, se está analizando la demanda de garantías; sino al sistema político mexicano.

Este juicio está sentando un precedente en el País y no dudamos en que la Suprema Corte de Justicia vaya a intervenir en el mismo.

El juicio de garantías, contrario a lo que muchos piensan, no habrá de terminarse con la negativa de la suspensión definitiva, o bien, al concederse la misma, en virtud de que todavía se tiene la instancia del recurso de revisión, lo que obligaría a Ivonne a mantenerse en su cargo, mientras dura el procedimiento.

La única manera de que este procedimiento concluya de inmediato, es con el desistimiento de la quejosa en cualquier momento, solamente así la Alcaldesa podría retirarse de nuevo de su cargo, aunque al parecer se está preparando alguna argucia jurídica que dará la razón a la munícipe.

LIC. RAUL CARRIZALES GONZALEZ