Se vive actualmente una nueva realidad constitucional: Arenas Bátiz

Por Race Loera

Detalla algunos criterios en base a reformas del 2008 y 2011

Después de que los Alcaldes Metropolitanos cuestionaran hace algunos días el actuar de los Jueces al dejar en libertad a delincuentes que fueron detenidos por las policías locales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, explicó ante diferentes medios de comunicación los criterios que se aplican en este sentido.

Durante su exposición, Arenas Bátiz mencionó que actualmente se vive una nueva realidad constitucional a partir de las reformas del 2008 en materia penal y del 2011 en materia de derechos humanos, que marcan un antes y un después en el Sistema de Justicia Mexicano, y por ende, en Nuevo León.

El funcionario judicial presentó algunos comparativos de los criterios basados en el viejo y en el nuevo Sistema de Justicia Penal, entre los que se destaca que el arraigo ordenado por autoridades locales es inválido, o que los delitos contra la seguridad de la comunidad, o la pena equiparable a robo, ahora son anticonstitucionales.

Lo anterior por mencionar algunas disposiciones, de acuerdo a los nuevos criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vivimos una nueva realidad constitucional en el País, sobre todo a partir del 2011, esta nueva realidad constitucional nos ha obligado particularmente a la Suprema Corte de Justicia a reconstruir los criterios de jurisprudencia para que estos sean conformes con los derechos humanos previstos en la Constitución y en tratados internacionales, particularmente en la materia penal”, dijo.

Entre otras cosas, el Magistrado manifestó que a los Jueces, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jueces Federales y Jueces locales, no les toca más que apegarse al nuevo marco constitucional.

Asimismo, citó algunos de los criterios que se han reconstruido en la materia penal, ejemplo:  detención ilegal, antes en la década de los 80 y 90 la jurisprudencia decía que la detención ilegal  no desvirtuaba a los elementos de prueba, y que se subsanaba con el dictado auto de formal prisión porque éste generaba una nueva situación jurídica y la detención ilegal quedaba como vicio procesal, y nada más, en todo caso generaba responsabilidades a quienes hayan incurrido en detención ilegal, pero procesalmente estaba resuelta y no viciaba la prueba.

“Ahora en cambio, la jurisprudencia dice que la detención ilegal o prolongada produce la ilicitud de toda la prueba que se hubiera recabado con motivo de esa detención prolongada, se hace presumir la coacción sobre el detenido y si éste produjera durante este periodo cualquier confesión, ésta sería nula”, indicó.

Otras prácticas que ahora son inadmisibles son: las confesiones obtenidas por coacción, la confrontación irregular de testigos con acusados, la ligereza con que se interpreta la flagrancia, el arraigo.

Cabe mencionar que el juicio oral penal funciona cumpliendo los estándares en materia de derechos humanos que plantea la nueva realidad constitucional.

Sin embargo, Arenas Bátiz resaltó que estos casos son un pequeño porcentaje de la totalidad de asuntos que resuelve el Poder Judicial, los cuales esperarán que sigan disminuyendo hasta que puedan desaparecer a corto plazo.

En la exposición añadió que el nuevo sistema no es el problema, por el contrario es una solución, a la fecha se tienen un total de 3 mil 909 casos bajo el nuevo sistema penal, mientras que los tramitados conforme al anterior sistema eran de 586, los cuales continúan con una clara tendencia a la baja.

Antes de concluir, dijo que los diferentes operadores del nuevo sistema de justicia deberán hacer lo necesario para que este funcione de manera adecuada, para que sea exitoso y sirva para impartir justicia.

En lo que respecta a los policías, dijo que deberán capacitarse de manera permanente y continua, además de aplicar los protocolos policiacos ya existentes.

El Ministerio Público ofrecerá atención integral a las víctimas, así como obtener pruebas lícitas, suficientes y de calidad, respetar los derechos del detenido y cuidar las estrategias de litigio.

En relación al Congreso, sostuvo que debe evitar tipos penales y leyes inconstitucionales, para evitar futuras liberaciones.

Respecto al trabajo de la Defensoría de Oficio, mencionó que es necesario brindarle un mayor fortalecimiento para ser un contrapeso a la actuación de la Procuraduría, contando con más recursos económicos, autonomía técnica, y mayor número de defensores.

Para finalizar, dijo que en lo que corresponde al Poder Judicial se comprometen a profundizar en la implementación de la transparencia, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, acelerar los procesos de homologación de criterios en base a los encuentros que ya han iniciado con distintas autoridades y entre los propios Jueces, así como agilizar los mecanismos de denuncia de contradicción de criterios.

También fortalecerán los mecanismos disciplinarios al interior del Poder Judicial, no claudicarán en su labor ni dejarse amedrentar por estridencias políticas que pretendan minar la independencia judicial.

“Estamos dispuestos a conversar, sobre todo con los abogados de los Municipios, en aquellos Municipios donde el Alcalde no sea un abogado, con mucho gusto que nos mande a su Director Jurídico y podemos conversar con él para explicarle todos estos aspectos técnicos, igual insisto, hay Jueces, hay Magistrados dispuestos a participar en cursos de capacitación a policías municipales”.

 

TOMA COMENTARIOS COMO RECONOCIMIENTO

Con respecto a que fue nombrado persona “Non Grata” por integrantes del Ayuntamiento de San Pedro, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, mencionó que el desconocimiento que le fue hecho por su “apatía” a no evitar que los Jueces dicten cierto tipo de sentencias, lo toma como un reconocimiento, pues simplemente está cumpliendo con su deber de garantizar la independencia de los Jueces.

“El Magistrado Presidente no debe decirle a los Jueces, cómo resolver o cómo no resolver, entonces el hecho de que estén considerando que yo no les dije a los Jueces como resolver lo tomo como un reconocimiento de que estoy cumpliendo con mi deber”, resaltó.

Al cuestionarle si considera que este señalamiento violenta sus derechos humanos, Arenas Bátiz, respondió que no, y sólo espera que el Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, no le impida su mudanza a una casa que actualmente construye con apoyo de su esposa en ese Municipio.