Resolverán situación jurídica de Margarita hasta el 5 de julio

Por Carolina León

Solicitan ex Alcaldesa y demás implicados ampliación del término

La ex Alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, junto a 9 de sus ex colaboradores se presentaron este jueves ante la Sala 1 del Palacio de Justicia de Monterrey, para responder a las acusaciones realizadas por la Subprocuraduría Anticorrupción.

Luego de aproximadamente dos horas, Arellanes Cervantes se negó a declarar en relación con los hechos que se le imputan y únicamente solicitó la ampliación del término para resolver su situación jurídica.

Ante esta petición, la Juez de Control, Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez, abrió el proceso 2949/2016 para la formulación de imputación del delito de ejercicio indebido de funciones públicos y ejercicio abusivo de funciones públicas, conforme a una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción

Será hasta el 5 de Julio a las 9 de la mañana cuando se resuelva la situación jurídica de Margarita Arellanes Cervantes; del ex Secretario del Ayuntamiento Jesús Hurtado; el ex Tesorero Julián Hernández; la ex Síndico Irasema Arriaga; el ex Regidor Arturo Pezina; el ex Director de Egresos, Aldo Cepeda; la ex Secretaria de Administración, Alejandra Rodríguez; el ex Encargado del Despacho de Adquisiciones, Luis Ángel Torres; el ex Director Jurídico, José Francisco de la Cruz; y el ex Síndico David Rex Ochoa.

Al salir de la comparecencia, la ex Edil se limitó a decir que no puede dar más detalles acerca de su proceso.

“Vinimos a conocer los argumentos, como ustedes se pueden dar cuenta el término se ha ampliado, así que continuamos en los mismos términos. Para no afectar los derechos del resto de las personas que están dentro de la carpeta es que no puedo manifestarme al respecto”, señaló Arellanes Cervantes.

Cabe resaltar que los delitos por los que citaron a los ex servidores públicos radica en la contratación directa de los servicios del despacho del abogado Roberto Martínez, por más de 7 millones de pesos para protección legal de ella y más de 40 ex funcionarios después de terminada su gestión en octubre del 2015.