Sancionarán a deudores alimentarios que oculten ingresos y patrimonio

Por Zulema Guerrero

Propone PT tipificar conducta de fraude familiar

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT), presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León, para que se tipifique el fraude familiar como delito.

Lo anterior, tiene como objetivo reducir los casos en que los deudores alimentarios oculten, transfieran o adquieran bienes a nombre de terceros, o incluso se abstengan del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

Durante la exposición de motivos la Diputada Esperanza Alicia Rodríguez López, señaló que se pretende sancionar penalmente a los deudores alimentarios, ya que dijo, de acuerdo con datos de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

“La principal problemática es generada por una serie de falsedades de los deudores alimentarios, que emplean para evadir su responsabilidad, manifestando dolosamente que su salario es inferior al que en realidad perciben. En otras ocasiones, los infractores solicitan a su patrón o a las empresas donde laboran que informen que sus ingresos sean menores o se colocan intencionalmente en estado de insolvencia”, comentó la Diputada peteísta.

Rodríguez López puntualizó que en este sentido, la Carta Magna señala en el Artículo 4, que el deber del Estado es proteger la organización y el desarrollo de la familia a través de la Ley.

“Es por ello, que el Partido del Trabajo considera importante esta reforma y que se sancione penalmente para que cumplan los deudores alimentarios con la pensión alimenticia y asimismo se dé cumplimiento con el principio interés superior de la niñez y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas para el desarrollo de las niñas, niños o adolescentes, como lo es la educación, alimentación, salud, vivienda entre otros”, detalló.

Considerando lo anterior, pidió la aprobación del  decreto que quedó como sigue: ‘Comete el delito de fraude familiar, a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y de hasta 200 a 300 umas.

Esta iniciativa presentada por el PT, fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para su estudio y dictaminación.