EDITORIAL XXIII

De verdad que resulta interesante y muy sospechosa la actitud del Gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, en relación al asunto que tiene prácticamente “de cabeza” al Instituto de Control Vehicular en la entidad.

La postura asumida por el Mandatario desde el inicio de las investigaciones, llevan la clara intención de proteger a como de lugar, al extitular del organismo, Pedro Morales Somohano, con la finalidad de que la justicia no lo pueda alcanzar y lo llame a que responda por las conductas realizadas y que hoy son un escándalo a nivel no sólo local, sino nacional.

Es la segunda ocasión en esta semana que acaba de transcurrir, que Medina de la Cruz sale a defender a Morales Somohano y convirtiéndose prácticamente en un auténtico Juez Penal, ha “dictado una sentencia absolutoria” en favor del exfuncionario estatal.

Es muy obvio, dados los antecedentes en la aplicación de la justicia, en la persecución de los delitos, que Nuevo León tiene un atraso tremendo en materia de justicia. Por más que se reformen las leyes, que los Diputados aprueban las iniciativas presentadas por el propio Ejecutivo para tratar de hacer prevalecer el Estado de Derecho, esto no será posible cuando la propia autoridad, cuando los mismos titulares de los Poderes del Estado, interponen oscuros intereses para que no se llegue a la verdad jurídica, a la verdad histórica de los hechos que dieron origen al ilícito.

Claro que se tienen elementos suficientes para arraigar a Morales Somohano, mínimo siquiera eso. ¿Qué no existen las pruebas para su consignación?, esto habría que analizarlo, la ciudadanía ya ha perdido desde hace tiempo la confianza en las autoridades estatales, por más que se lleven a cabo diversos programas, el descontento hacia la gestión gubernamental es más que evidente.

El Gobernador sostiene que no existen pruebas contundentes para proceder contra Morales Somohano; mi estimado Ejecutivo, si existieran en estos momentos esos elementos, no solamente se le consignaría, sino prácticamente ya se le estuviera condenando por los hechos tan escandalosos que posiblemente, a como se ven las cosas, vayan a quedar en la impunidad.

La conducta del Gobernador en este caso, inclinada a proteger a Pedro Morales, no puede más que catalogarse como la de un auténtico encubridor. ¿Por qué tanta protección al extitular del ICV?

Cualquier Ministerio Público con una total independencia en su investigación y con el conocimiento en la materia, habría pedido el arraigo de Morales Somohano y desde luego, su posible consignación, o qué, ¿Ya se le olvidó al Gobernador (que por cierto es abogado), que no se necesitan de pruebas contundentes para ejercer la acción penal en contra de un individuo?

Las pruebas contundentes, señor Gobernador, son para decidir una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, pero como se sostiene al inicio de esta editorial, parece que usted ya dictó la suya.

LIC. RAÚL CARRIZALES GONZÁLEZ