Irían contra funcionarios por las desapariciones forzadas
Por Marcela Cortés-Equidad
Analizan sanciones severas contra servidores públicos
Para castigar a los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada de personas, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado llevó a cabo su segunda mesa de trabajo, en la que además fueron abordados otros temas.
El Diputado César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión, explicó que esta acción se realiza por servidores públicos, material o intelectualmente, cuando una persona es detenida, negando el hecho, delito que va en aumento por la situación que vive el Estado.
“Es el delito que comenten los servidores públicos, cuando en esta lucha con la delincuencia que se está librando se detiene a una persona y se desaparece, es un delito que está constituido en las garantías de la reforma constitucional de este año en materia de derechos humanos, y las Legislaturas de los Estados debemos de avocarnos a tipificar el delito de desaparición forzada de personas”, dijo el Diputado Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.
Señaló, que de prosperar estos trabajos, Nuevo León tendría esta herramienta que consagra la Constitución Federal, en donde se contempla castigar a los funcionarios públicos de cualquier rango que participen en la desaparición de personas, sin importar si la persona desaparecida sea un delincuente.
“Estos trabajos tendrían esta herramienta que consagra ahora nuestra constitución que es la desaparición forzada de personas”, dijo César Garza y añadió que “en la iniciativa que estamos estudiando se establecen penas de 45 a 60 años, siendo un delito equiparable al del secuestro y con un agravante más, cometido por autoridades”.
Subrayó que se encuentran en fase inicial, y que la Comisión estará atenta para recibir la iniciativa del Ejecutivo para procesar las que ya se tienen, afinarlas y lograr la mejor redacción para que el Estado tenga un código moderno.
Así mismo, dentro de la mesa se trataron temas con relación a los delitos de robo de vehículo con violencia y taxis piratas, los cuales requerirán seguir con su análisis, puesto que aún queda establecer acuerdos en tiempos de sanciones.
Se avanzó en el análisis de la iniciativa sobre taxis piratas, en el que se sancionan ciertas conductas, tales como: Prestar el servicio de taxi en un vehículo que no tiene concesión, es decir, taxi pirata; ser chofer de un taxi y no tener licencia especial para realizar esa función; el rentar un taxi a un chofer que no tiene licencia; agrupar a personas, con el propósito de incitar a prestar un servicio de taxi sin concesión.
En la iniciativa que el Ejecutivo propone, se establece como parte de la sanción de la pena, la revocación de la o las concesiones que le hayan sido otorgadas al concesionario al momento de cometerse un delito con el vehículo.
El tema relativo a las licencias de conducir quedó reservado para su posterior estudio con los promoventes de la iniciativa.
En relación a la iniciativa en materia de robo de vehículos con violencia, se acordó la necesidad de aumentar las penas a quien cometa este tipo de delitos.
Actualmente, el Código establece sanciones que van desde los 6 a 12 años, por lo que se propone con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, aumentar la pena 20 a 50 años o doblegar las sanciones actuales.
Garza Villarreal mencionó que, en primera instancia, la opinión de la Comisión es mantener el criterio de la iniciativa, pero que en una próxima reunión serán vertidos los argumentos a favor y en contra de esta propuesta.
“Creemos que el dictamen está practícame concluido, solamente nos falta afinar, el sostener como propone la iniciativa del Gobernador la pena en el rango de 20 a 50 años, en tanto que unos expertos en la materia están sugiriéndonos, a fin de armonizar las penas con la gravedad de la conducta con el resto del código, se debe de duplicar la sanción actual para quedar de 12 a 24”, puntualizó el legislador.
Finalmente comentó que los dictámenes en materia de taxis piratas, corrupción de menores, robo calificado de vehículos y las reformas a la Defensoría Pública; se llevarán al Pleno durante la realización del Periodo Extraordinario.