Busca PRI facilitar programas sociales a personas con discapacidad

Por Redacción

Afirman que personas con discapacidad necesitan apoyo del Estado

Para que las personas con alguna discapacidad puedan recibir en sus domicilios información o beneficios de los programas sociales, que sean promovidos u otorgados por la Federación, el Estado o los Municipios de Nuevo León, el Grupo Legislativo del PRI, vía el Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma al artículo 28 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador del PRI expresó que las personas con discapacidad son un grupo vulnerable que requiere de la mayor protección por parte del Estado, para que puedan acceder de una manera ágil a todos los servicios y programas de desarrollo social que el Estado ofrece.

“Con esta iniciativa, busco seguir fortaleciendo el marco jurídico en pro de los grupos vulnerables del Estado, en este caso beneficiando directamente a las personas adultas mayores y a las personas con algún tipo de discapacidad”, señaló Ibarra Hinojosa.

“La Ley vigente sólo busca que la información y los apoyos de los programas sociales se entreguen en los domicilios cuando se trate de personas adultas mayores, sin embargo, esta propuesta que realizo el día de hoy, busca que esta disposición también se lleve a cabo cuando se trate de personas con discapacidad”, expresó el Diputado local.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública se manifestó a favor de generar leyes que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad, o bien crear las condiciones necesarias para que puedan acceder a cualquier programa del gobierno federal, estatal o municipal a los que cualquier otra persona puede acceder.

“En los artículos transitorios, se establece que el decreto entrará en vigor al inicio del año fiscal siguiente en que haya sido publicado en el Periódico Oficial del Estado dicho decreto, en razón de que el Ejecutivo Estatal esté en posibilidades de considerar en su proyecto de presupuesto de egresos, las partidas presupuestales correspondientes. Se consideró que se tengan 90 días a partir de la entrada en vigor del decreto, para que la autoridad modifique su reglamento correspondiente”, expresó.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.