Votación no alcanza para sancionar a Gobernador y Secretario
Por Zulema Guerrero
Pretendían imponer únicamente una multa de 317 mil pesos
Luego de casi 12 horas de trabajo, 6 en la Comisión Anticorrupción, y el resto en la Sesión del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, el Pleno del Congreso del Estado no aprobó el Dictamen que contenía la sanción económica por 317 mil pesos y una amonestación pública para el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón; y el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, por el caso “bronco-firmas”.
Tras discutir el Dictamen, los legisladores lo rechazaron con 18 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, por lo que no se da cumplimiento a la orden de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sancionar a los ya mencionados servidores públicos, por haber usado a alrededor de 600 empleados del Gobierno para promover la campaña política de Rodríguez Calderón rumbo a las elecciones presidenciales del 2018.
Por lo anterior, se regresó el dictamen a la Comisión Anticorrupción y se citó a un Tercer Período Extraordinario de Sesiones el próximo miércoles 17 de junio, a fin de resolver lo referente a este Dictamen.
Previo a la votación en contra de este Dictamen, los legisladores del Grupo Legislativo del Movimiento Ciudadano, en voz de su Coordinador Luis Donaldo Colosio Riojas, presentaron un voto particular para defender e insistir que Jaime Rodríguez y Manuel González sean sancionados con la destitución e inhabilitación por cometer el delito de desvío de recursos públicos.
En tanto, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente Flores, insistió en que con ello, los Diputados de MC estaban buscando únicamente perjudicar a Nuevo León al dejarlo sin gobernantes.
Cabe señalar, que anterior a que se desechara en el Pleno dicha propuesta que fue realizada por el Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez, la cual fue apoyada por los miembros de la bancada del PAN y otros grupos legislativos, en la Comisión Anticorrupción se desechó el Dictamen que proponía inhabilitación y destitución de los funcionarios.