Aprueba Pleno castigar llamadas falsas a instituciones de seguridad
Sanciones van de uno a 8 años de prisión; multas hasta de mil cuotas
En Sesión Ordinaria realizada este martes, los Diputados aprobaron por mayoría reformas al Código Penal del Estado, a fin de sancionar a quienes realicen llamadas falsas a instituciones de seguridad pública y cuerpos de auxilio.
Presentado por el legislador Daniel Torres Cantú, el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, menciona que se castigará a quienes emitan un mensaje falso a las autoridades de seguridad y auxilio.
“Se trata de sancionar a aquellas personas que en diferentes circunstancias de edad y de actividad utilizan o proporcionan dolosamente un medio de comunicación para emitir un mensaje falso que provoca diversos efectos en los ámbitos de seguridad pública y del adecuado uso de los recursos públicos”, cita el dictamen.
De acuerdo con las reformas a los artículos 249 y 250 del Código Penal, se establece que comete el delito de falsedad quien proporcione datos o información a instituciones de seguridad pública o cualquier otro medio de comunicación telefónico o electrónico, afirmando una falsedad o negando la verdad en todo o en parte, así como también la persona que permita o facilite su aparato o equipo de comunicación a sabiendas de esta circunstancia.
Con las modificaciones realizadas, las multas por este delito irán de 500 a mil cuotas y en caso de reincidencia se duplicará el castigo.
Además de la sanción pecuniaria, se contempla una pena de uno a ocho años de prisión a quien incurra en este delito.
Analizan iniciativas en materia de defensoría pública, discriminación y reparación del daño
Durante una mesa de trabajo, integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, abordaron diversas propuestas para reformar el Código Penal.
Durante la reunión, a la que acudió personal del Poder Judicial de Nuevo León, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto de Defensoría Pública y de los Colegios de Abogados, se discutieron temas en materia de defensoría pública, discriminación y reparación del daño.
Francisco Cienfuegos Martínez, Presidente de la Comisión, indicó que se tiene que hacer cambios a las leyes en materia de defensoría pública, para adecuar ciertos términos al nuevo sistema de justicia penal en Nuevo León.
El Legislador priista, puntualizó que se seguirán trabajando esos temas en las mesas de trabajo y estimó que estas tres iniciativas puedan ser vistas ante el Pleno durante el actual período ordinario de sesiones.
“Esperemos que los tres temas puedan ser vistos en este período ordinario; vamos tratar de continuar con las mesas de trabajo y tener un buen avance”, dijo.
En tanto, el Diputado José Juan Guajardo Martínez, detalló que ante la reforma recientemente realizada a la Ley Federal del Trabajo, en materia de indemnización del daño, es necesario establecer nuevos parámetros a fin de evitar que el Estado quede indefenso luego de los cambios.
“Actualmente todos los Códigos Penales de la nación toman como referencia para la indemnización en caso del daño básicamente en homicidio; y la indemnización que marca la Ley Federal del Trabajo se reformó hace poco y se estableció un nuevo parámetro, un nuevo monto de cuotas y esto deja en un estado de indefensión hasta cierto punto a algunos Estados como Nuevo León”, explicó Guajardo Martínez.
