Dejan inconcluso Penal de Mina por falta de recursos federales

Por Katia Domínguez

Insistirán en Gobierno de Jaime Rodríguez en edificación de obra

En la reunión de transición llevada a cabo este martes, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, Miguel Ángel Casio Piña, dio a conocer que la construcción del Penal en Mina está inconclusa debido a la negativa de la Secretaría de Hacienda y la insuficiencia presupuestal.

Sin embargo, dicha obra cuenta con un avance del 10 por ciento, donde el último Director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Juan Hernández Mora, fue quien dio la negativa de este proyecto, bajo el argumento de que el subsuelo es de material tipo C, es decir, de un material incluso más duro que el de concreto, por lo que no se puede realizar la obra.

Por su parte, Manuel González Flores, el Coordinador del equipo de transición del Gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que es lamentable que el Gobierno Federal no haya aportado recursos para la realización de este proyecto, de manera que buscarán en este próximo gobierno la autorización de la edificación de la obra.

“Nosotros vamos a insistir en México, buscando que de inmediato que se autorice los recursos y podamos continuar con esta obra que es muy necesaria para el Estado, me refiero concretamente al Penal”, expresó.

Indicó que los 2 mil 800 espacios que se proyectan para el nuevo Penal, servirá para desahogar los otros Centros de Readaptación Social, donde existe un hacinamiento de reos en la actualidad.

“Lo que vamos hacer, ya con la inmediatez del final del sexenio y el principio del sexenio del ingeniero Jaime Rodríguez, es buscar que los recursos regresen y podamos de la manera más rápida poder continuar con la obra que es muy necesaria en este momento”, expuso.

Cabe destacar que el Penal de Mina, tiene una capacidad de 2 mil 500 internos, con protocolos de operación y seguridad regidos bajo las normas federales del Sistema de Administración Penitenciaria y de Readaptación Social, ubicado a 45 kilómetros de la zona metropolitana, con un costo de más de 4 mil millones de pesos.