Exigen Alcaldes a Arenas conocer criterios para liberar a delincuentes
Por Mildreth García
Le dan 15 días de plazo para rendir informe; buscan evitar fallas
Los integrantes de la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo León (AMANL), dieron un plazo de dos semanas para que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, de a conocer los criterios que están siguiendo en la liberación de detenidos y que ha causado mucha molestia entre la sociedad.
A través de un desplegado publicado en diversos medios de comunicación, los Alcaldes expresaron su molestia ante las resoluciones que han dictado en el Poder Judicial, por lo que están exigiendo una explicación al titular del Tribunal Superior de Justicia.
Así mismo, le están pidiendo que aclare el por qué se adelantó al señalar que en breve pueden ser puestos en libertad cerca de 500 delincuentes, en razón de que aparentemente los expedientes respectivos, cuentan con algún error técnico jurídico.
El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, fue designado como Vocero de la AMANL para que sea el autorizado a proporcionar la información a los medios, en relación a este asunto.
Posterior a la reunión de los Alcaldes con el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, en el rubro de seguridad, De la Garza Santos dijo en el documento le piden al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, les informe sobre los criterios que tienen para sustentar las decisiones que han sido tomadas por los Jueces y Magistrados en la resolución de casos penales.
Así mismo, los Ediles lanzaron varias preguntas a Arenas Bátiz como “¿Qué iniciativas de ley ha preparado usted, en el ejercicio del poder público que representa, para conseguir la protección de los inocentes y que los culpables de los delitos no queden impunes?”, esto a causa de la postura que ha expresado el Poder Judicial, sobre la libertad de los delincuentes.
“Esto en virtud de haber hecho pronunciamientos públicos referentes a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y a las prácticas de las instituciones que lo operan”, puntualizó el Alcalde regiomontano.
De igual manera, indicó que el escrito es para recordarle que él como titular del Tribunal Superior de Justicia tiene como obligación tener una investidura imparcial, lejos de las opiniones sesgadas, por lo que causa extrañeza en los Munícipes que anticipe liberaciones de delincuentes procesados y condenados, sin conocer a detalle los expedientes.
De la Garza agregó que lo que exigen en nombre de la ciudadanía es que sea receptivo ante el “clamor social”, que definitivamente no aprueba las decisiones que están tomando los Jueces y Magistrados, referente a las liberaciones de presos, refugiándose en la reforma constitucional para justificar dichas acciones.
“Lo que pedimos es que sea receptivo ante el clamor social de desaprobación en contra de las liberaciones de los delincuentes, aún al amparo de la implementación de la reforma constitucional, pues las víctimas, sus familiares y la sociedad misma también merecen recibir esa justicia que tanto anhelan de la Institución que usted preside”, expresó el nombrado vocero de AMANL.
Por último, declaró que todos los Alcaldes tienen la disposición de cooperar en conjunto dentro de lo que les compete para poder mejorar la justicia en sus municipios, sin embargo, dijo que necesitan estar informados de las fallas que al juicio del titular del Poder Judicial están cometiendo los policías municipales, mismas que según él, son la causa de las liberaciones.
PREPARARÁ ARENAS DOCUMENTO TÉCNICO PARA ALCALDES
Por su parte, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, señaló en entrevista ante los medios, luego de salir de una reunión con el Gobernador del Estado y el Procurador de Justicia, que iba a responder mediante una carta las inquietudes de los Alcaldes metropolitanos.
El funcionario judicial expresó que se iba a tomar los 15 días de plazo que le dieron los integrantes de la AMANL, con el fin de preparar un documento técnico jurídico que les pueda servir a los Ediles en la interpretación de los alcances del nuevo sistema de justicia penal.
