Gobierno de Monterrey está dando seguimiento a caso Margarita
Sostiene Alcalde que están pendientes de la resolución que se dicte
Las denuncias interpuestas por la actual Administración Municipal de Monterrey, en contra de la ex Alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes, siguen su curso, pues recientemente se dio a conocer que ya se tiene un citatorio que le será girado a la también panista para que acuda a responder por dichas acusaciones.
Ante ello, el Alcalde Adrián de la Garza Santos, comentó que desde el momento en que se presentó la denuncia se le ha dado un seguimiento puntual, y aclaró que los tiempos jurídicos son así, por lo que actualmente se llegó a la entrega de citatorios, agregando que estarán pendiente de la resolución del caso.
“Se llegó el momento de entregar citatorios a algunas de las personas que pudieran estar involucradas y nosotros vamos a estar atentos a la resolución”, indicó.
Cabe recordar que fue ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, donde se presentaron dos escritos de denuncias por parte del Secretario del Ayuntamiento regio, Genaro García de la Garza, quien fue acompañado por el Contralor Municipal Luis Enrique Orozco Suárez y el Director Jurídico Luis Vargas García, esto tras encontrar diversas irregularidades en la pasada Administración Municipal, que encabezaba Arellanes Cervantes.
Aunque en las denuncias no se establece una imputación directa en contra de quienes serían los responsables de los malos manejos que ahora son denunciados, de los documentos que se anexan a los escritos, se desprende que Arellanes participó en los contratos donde se encontraron las supuestas irregularidades.
En su momento se estableció que existen diversas pruebas que se irían presentando ante la Subprocuraduría, para comprobar los hechos que se están denunciados, y en los cuales se hace referencia a “quien resulte responsable”.
De la narrativa de las denuncias se señala que las conductas ilícitas que se consideran cometidas son en referencia a la contratación de servicios profesionales para el apoyo legal a funcionarios municipales de la Administración 2012-2015, por un monto de 7 millones 499 mil 99 pesos.
Así mismo, por el desvío de recursos de una partida presupuestal para obra pública por la cantidad de 104 millones 722 mil pesos; de los cuales 10.3 millones de pesos se destinaron a otros rubros.
Otros de los presuntos delitos que fueron agregados a los escritos de denuncia mediante documentos, sostienen que la ex Alcaldesa firmó los contratos que derivaron en el pago del servicio por el monto superior a los 7 millones de pesos, así como del crédito solicitado para la realización de obra pública, lo cual no se llevó a cabo en su totalidad, presentándose un desvío de recursos en perjuicio del erario.
