Proponen que sentenciados por violencia de género no ocupen cargos públicos

Por Katya Izaguirre

Presenta Sandra Pámanes iniciativa para reformar Constitución de NL

La Vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, Sandra Pámanes Ortiz; presentó una iniciativa para modificar la Constitución del Estado en materia de violencia contra las mujeres, para que quede establecido que las personas que fueron condenadas por esta causa no puedan ocupar cargos públicos de elección popular.

Al presentar la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso la legisladora explicó que la propuesta es para modificar la Constitución del Estado en el rubro de violencia contra las mujeres, para que las personas que fueron condenadas o sancionadas sancionadas por violencia política, de género, familiar, doméstica o sexual, no puedan ocupar cargos como Diputados, Alcaldes, Gobernador, Fiscales (General, Electoral y Anticorrupción), así como para Magistrados.

También aquellas personas que estén como deudores alimentarios o morosos, no podrán desempeñar un cargo público.

Pámanes Ortiz, mencionó que actualmente existen lineamientos de Ley Electoral para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género a través del criterio “3 de 3 contra la Violencia”, pero hace falta que quede plasmado en la Constitución de Nuevo León.

“Estos son los requisitos para las candidaturas o para poder acceder a un cargo de elección, y estas ‘3 de 3’ son el proteger los derechos de las mujeres al no permitir que cualquier persona que haya infringido los supuestos de violencia política de género, de violencia familias, acoso, puedan acceder, e incluso, sean deudores alimentarios, que puedan formar parte de un cargo de elección”, detalló.

Por último, la Vicecoordinadora del GLMC dio a conocer que es necesario brindar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, pero para lograrlo se necesita establecerlo en la Constitución del Estado para reforzar el marco legal en contra de la violencia política en razón de género.

“La idea es que el derecho de todos los ciudadanos para que podamos ser protegidos, sobre todo el derecho de las mujeres a no haber sido violentadas en ninguno de estos casos, se eleve a rango constitucional”, afirmó.

“Hemos dependido mucho de los lineamientos que establecen los órganos electorales, de decisiones que debe tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí lo que proponemos es que ya desde nuestro marco constitucional no hay ninguna limitante y que tampoco haya quien estando en estos supuestos pueda siquiera pensar en acceder a un cargo público”, añadió Pámanes Ortiz.