Puede revertirse caso Larrazábal al Estado

Quedarían Fernando, Jonás y Miguel Ángel como víctimas

Si el Gobierno del Estado no procede a la debida integración de la averiguación que tiene instaurada en contra de Manuel Jonás Larrazábal Bretón, por la presunta extorsión a los casinos instalados en la ciudad de Monterrey, lo más seguro es que el hermano del Alcalde de la capital del Estado, vaya a quedar en completa libertad y con ello, el problema se le revertiría a la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.

Analizando desde el principio todo este escándalo de los videos que fueron difundidos por el periódico El Norte, donde aparece Jonás Larrazábal recibiendo algunos fajos de billetes en el interior de uno de los casinos, aparentemente en el Red, tenemos solamente la escena que demuestra tal situación, pero hasta el momento, de manera oficial no se ha establecido si efectivamente ese dinero el hermano del alcalde regiomontano lo estaba recibiendo debido a una aparente extorsión que se realizaba al dueño de este establecimiento.

El problema para la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz, se empieza a dar, cuando teniendo únicamente como evidencia el mencionado video, procede a solicitar el arraigo de Jonás Larrazábal Bretón, lo cual en principio se entendió como lógico.

Sin embargo, el tiempo puede demostrar que el apresuramiento de la dependencia que comanda Adrián de la Garza Santos, puede hacer que se caiga en el ridículo y en consecuencia, le puede costar la renuncia al titular de la Procuraduría.

¿Por qué se señala lo anterior? Porque para proceder a la consignación de Jonás Larrazábal se necesitan más que unos videos donde éste fue captado en un casino con un dinero que le fue entregado por uno de los empleados.

 

LAS PRUEBAS QUE NECESITA LA PROCURADURIA

La investigación que realiza la Procuraduría debe ser más completa y profesional posible, pues de otra manera, si se pretende consignar el asunto con pruebas demasiado débiles, el juez al que le corresponda resolver sobre la orden de aprehensión que se pudiera solicitar, la estaría negando por la falta de elementos que exige la Constitución.

El caso es muy sencillo, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, debe de probar la existencia de un delito para proceder a ejercitar la acción penal en contra de Jonás Larrazábal y de Miguel Ángel García Domínguez, quien también aparece en otro de los videos; para ello, se requiere la existencia de los elementos de un tipo penal contemplado en el Código Penal del Estado de Nuevo León.

Vamos, si queremos hablar de una extorsión, una de las formas en que ésta se pudiera acreditar, sería con la propia declaración de Sergio Gil García, sujeto que hasta el momento no ha sido localizado para obtener su declaración en relación a los hechos.

Si esta persona sostiene que estaba siendo víctima de una extorsión de parte de Jonás Larrazábal y Miguel Ángel García Domínguez y establece las circunstancias de tiempo, modo y ejecución de la misma, entonces el problema se estaría complicando para el hermano de Larrazábal y el ahora Secretario de Desarrollo Humano con licencia.

Aunado a lo anterior, se debe de tomar las declaraciones de los empleados del casino Red para establecer quién fue la persona que le estaba entregando el dinero y la razón de ello.

Si la declaración de Sergio Gil se llega a dar de esta manera, es decir, inculpando a Jonás y Miguel Ángel, y la misma se robustece con los testimonios de los empleados del casino Red, además de la falta de comprobación de Jonás de que estaba recibiendo el dinero como consecuencia de la venta de quesos y otros productos de Oaxaca a la negociación de referencia, las pruebas estarían prácticamente ameritando la consignación de Jonás Larrazábal Bretón.

Estas son las principales pruebas que la Procuraduría deberá de obtener si realmente pretende avanzar más en la investigación del caso Larrazábal, no descartándose algunas otras de tipo documental, como serían la falta de facturas donde se determine que Jonás expidió alguna de ellas por la venta de quesos o productos de Oaxaca al casino Red.

También sería conveniente obtener la información de Hacienda para detallar la actividad que tiene registrada Jonás ante la dependencia, porque en caso de que no exista tal documentación, la estrategia defensista estaría perjudicando a Larrazábal Bretón.

Es obvio que también para proceder contra Miguel Ángel García Domínguez, sería necesario que existiera la imputación directa de los empleados del casino y del propio dueño, en el sentido de que éste formaba parte de la supuesta extorsión que se estaba realizando a Sergio Gil García.

Y para ir más allá, tenemos que para inculpar a Fernando Larrazábal Bretón de un delito, la cosa está más que complicada, pues se tendría que demostrar la existencia de la extorsión, que Jonás aceptara la comisión de la misma, involucrando a su hermano, lo que es casi improbable que suceda.

 

LE PUEDE COSTAR CARO AL PROCURADOR

Así las cosas, si la Procuraduría no reúne todas estas probanzas, el caso se viene abajo y quedará la dependencia haciendo el ridículo al haber solicitado un arraigo teniendo como única prueba la existencia de un video.

Lo peor, es que el asunto se le revertiría al Gobierno del Estado, desde el punto de vista político, ya que quedaría exhibido al actuar sin tener los elementos suficientes para ello, convirtiendo a los hermanos Larrazábal Bretón en una víctimas y entonces a quien le estarían pidiendo la renuncia, sería al Gobernador del Estado, al actuar en un asunto que en apariencia no tenía elementos suficientes para hacerlo.

Bueno hasta en un abuso de autoridad estarían incurriendo los integrantes de la Procuraduría de Justicia en el Estado, así como el juez que obsequió la medida del arraigo.

En otras palabras, tal vez desde el punto jurídico no proceda el caso de Larrazábal Bretón por las consideraciones ya señaladas, pero desde el punto de vista político, Fernando y Miguel Ángel García Domínguez, están prácticamente acabados.

Estos supuestos dependen de la integración de la averiguación que se le sigue a Jonás Larrazábal Bretón, del actuar de la Procuraduría dependerá el destino de estos personajes que están envueltos en un escándalo más político que jurídico.

 

EL CASO DEL CASINO ROYALE

En cuanto al caso del casino Royale, es más fácil que se acrediten responsabilidades penales en contra de funcionarios municipales y estatales por la muerte de 52 personas, aunque sea de manera negligente, que en el asunto del casino Red, pero esto se analizará en otro momento.