Proponen “vetar” a aspirantes a cargos públicos con antecedentes de violencia de género

Por Katya Izaguirre

Limitarían con reforma constitucional llegada de personas violentas

Para que las personas agresoras que cometan violencia contra las mujeres por razón de género no tomen cargos públicos, la Diputada local del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI), Lorena de la Garza Venecia presentó a la Oficialía de Partes del Congreso Local una reforma a la Constitución de Nuevo León.

Acompañada de activistas feministas, la legisladora priista explicó que en el documento presentado se está proponiendo reformar 6 artículos para que los candidatos a ser Gobernador, Alcaldes, Diputados, Regidores, Magistrados, Jueces y Comisionados con antecedentes de violencia contra la mujer, no puedan postularse a un cargo político.

“Estamos proponiendo reformar 6 artículos que lo que pretenden es que las personas que tengan un antecedente por agresión, acoso, sean deudores alimentarios o que tengan sentencia por violencia física contra las mujeres, no puedan ostentar ningún cargo público en un determinado tiempo”, indicó.

En el caso de los candidatos a Diputados y miembros de los ayuntamientos no pueden postularse aquellos que hayan cometido uno de los tres delitos cinco años antes a la fecha de su elección; y para el caso del Gobernador no debe postularse si tiene antecedentes de violencia en razón de género ocho años a la fecha de su elección.

Para el caso de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, miembros del Consejo de la Judicatura y Consejeros del Instituto Estatal de Transparencia será no haber cometido ningún delito diez años antes de su designación.

“Lo que nosotros queremos básicamente es que no puedan aspirar a estos cargos públicos quienes hayan sido deudores alimentarios o deudores alimentarios morosos, quienes hayan sido acosadores sexuales y quienes hayan sido agresores por razones de géneros”, aseguró la Diputada del GLPRI.

“Así, estamos tratando de proteger y salvaguardar la vida de las mujeres, de las familias y quienes hayan cometido estos delitos no puedan ostentar un cargo público, sabiendo que llegan a un posición de poder en el que van a influir en la vida de todas las personas de Nuevo León y no podemos permitir que ninguno de estos perfiles de agresores lleguen a tomar decisiones a favor de la vida de la gente de Nuevo León”, señaló.