Piden que deudores alimentarios no sean candidatos a cargos de elección popular

Por Katya Izaguirre

Y que tampoco puedan tramitar credencial de elector ni pasaporte

La Vicecoordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes Ortiz presentó a la Oficialía de Partes del Congreso Local una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en materia de pensiones alimenticias.

Al entregar el documento, la Diputada explicó que con la iniciativa de reforma se solicita que los deudores alimentarios no puedan tramitar el pasaporte, la credencial del elector, compra venta de inmuebles y licencia de conducir o ser candidato a un cargo de elección popular, hasta no cumplir con su obligación de proveer el sustento de sus hijas e hijas.

“Por mucho tiempo se ha dejado pasar esta situación en perjuicio de nuestras niñas, niños y adolescentes, hay muchas trampas en las que caen los deudores alimentarios para tratar de evadir esta obligación que tienen de proveer todo lo necesario para el sustento de sus hijos o hijas”, dijo.

“Y en ese sentido debe haber ya una sanción, que puede ser en el ámbito de lo civil, como perder el derecho a poder ser candidatos a ningún cargo de elección popular o no poder realizar trámites en nivel federal, como su trámite de pasaporte, o su trámite de credencial de elector, o la compra y venta de inmuebles y vehículos, y en el estado, como la licencia de conducir”, detalló Pámanes Ortiz.

También mencionó que con la iniciativa se busca crear el Registro Estatal de Obligaciones para almacenar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias y a través de él se dará difusión de manera pública al estado para que se encuentren a los deudores morosos, que podrían ser acreedores a sanciones de tipo civil.

Por último, la legisladora agregó que la Procuraduría de Protección tendrá acceso total a las bases de datos del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias que ayudaran a garantizar el cumplimiento de los deudores.

Esta iniciativa busca la homologación a la reciente aprobada en la Cámara del Senado que e incluso entidades como Chiapas, Chihuahua y la Ciudad de México, ya cuenta con el registro que ha dado buenos resultados en el rubro de pensiones alimenticias.

“Es una Ley general y cada entidad de la República emite la propia (…) Queremos ajustar nuestra propia normativa a lo que ya a nivel nacional se aprobó, y esto viene a proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes ante la falta de responsabilidad de quien debería de proveer todo lo necesario para su sustento, para su desarrollo, tanto profesional, emocional y que esto venga también a que vivan en un ambiente de seguridad para ellos”, finalizó Pámanes Ortiz.