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El sistema de justicia para menores está colapsado

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, realizó cuatro mesas de trabajo sin lograr un consenso para reformar la ley de justicia para adolescentes.

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública, realizó cuatro mesas de trabajo sin lograr un consenso para reformar la ley de justicia para adolescentes.

No logran consenso para reformas; urge legislación federal

“El sistema de justicia para adolescentes se encuentra colapsado”, con esta opinión contundente de César Garza Villarreal, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado y Graciela Buchanan Ortega, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, se busca un consenso para lograr una reforma a la ley de justicia para los menores que se han visto relacionados en actos delictivos.

Actualmente, según el Diputado local, hay 220 jóvenes recluidos en el centro de internamiento para adolescentes, de los que ya se tiene una resolución sobre ellos y 170 jóvenes que están en proceso y se estima que alrededor de cuatro mil menores de edad en la zona metropolitana de Monterrey pudieran estar trabajando de alguna u otra forma con grupos de la delincuencia organizada.

“Las dos mesas que hemos tenido (actualmente ya se realizaron cuatro) han sido muy reveladoras, primero nos dejan claro que la magnitud del problema es aún superior a lo que nos imaginamos, el fenómeno de impunidad que se está dando ante la incapacidad de procesar los casos en los que jóvenes son involucrados, principalmente en el fenómeno de la delincuencia organizada, es preocupante”, sostuvo el legislador.

Así mismo, en la segunda mesa la Presidenta Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Graciela Buchanan Ortega, dijo que los centros de internamiento para menores infractores están colapsados en su capacidad, por lo que no resistirá mayores internos, con la actual colaboración de jóvenes dentro de la delincuencia.

Expertos en el tema coincidieron en que urge se defina la ley de justicia para adolescentes en materia federal, además de que se requieren políticas de prevención y reinserción.

Expertos en el tema coincidieron en que urge se defina la ley de justicia para adolescentes en materia federal, además de que se requieren políticas de prevención y reinserción.

Tanto el legislador César Garza Villarreal, como la funcionaria judicial, mencionaron que en Nuevo León y en el País se carece de un sistema federal de justicia para adolescentes, lo que provoca un vacío legal que urge llenar en el sistema.

“Nos queda claro que las políticas de prevención en el tema de política para adolescentes son prácticamente inexistentes, mientras tengamos a cientos de miles de jóvenes sin trabajo, sin educación, estarán siendo fácil presa de las organizaciones de tipo criminal, el problema es muy complejo, nos deja claro que las iniciativas que hoy están presentando tanto por el PAN, por el PRI, como por un grupo independiente son absolutamente insuficientes para la magnitud del problema”, detalló Garza Villarreal.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso, así como, Minerva Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijeron que el problema no solo se resuelve con leyes para adolescentes, sino con programas que ayuden a la prevención y la reorganización de las políticas públicas a prevenir la actividad criminal entre los menores.

“Nos ha quedado muy claro que la opinión de los expertos rechaza de manera definitiva la posibilidad de reducir la edad penal, inclusive se apuntan en contra del aumento de las penas en el caso de los menores”, mencionó el legislador.

En las tres mesas que se han presentado opiniones para elaborar una ley de justicia para adolescentes, los expertos han señalado con insistencia, la tendencia por un lado, de la incrementación de las políticas públicas y por otro, revisar el modelo de reinserción que se les aplica a los internos.

“No se trata de cuántos años los encierres, sino para qué los encierras y qué les enseñas en el tiempo que duran encerrados”, comentó Garza Villarreal.

El Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dijo que este tema ocupará un primer lugar durante todo lo que resta de la Legislatura, por ser un área complicada que se tiene que consensar con la sociedad y expertos, tanto a nivel estatal, como federal.

César Garza Villarreal, mencionó que el tema es más preocupante de lo que se imaginaban.

César Garza Villarreal, mencionó que el tema es más preocupante de lo que se imaginaban.

“Es un tema que elevaremos a la Cámara de Diputados porque nos rebasa también, porque está por encima de las posibilidades de la Legislatura local y seguirnos insistiendo en ese tema, porque es un tema de urgencia atender”, señaló.

Con respecto a programas de prevención, el legislador dijo que se buscará el incremento del presupuesto para los programas de políticas públicas y suplir la deficiencia de carecer de un sistema de justicia para adolescentes de carácter federal.

“Es evidente que no, nadie está satisfecho con el modelo de reinserción social, ni de menores, ni de mayores, es una de las grandes asignaturas de este País, tenemos que arreglarlo y se debe de arreglar, no tenemos alternativa o lo hacemos, o nos rebasa y creo que esta condición del rebasa está a punto de darse, todo el sistema penitenciario de adultos en el País, esta sostenido con alfileres y el sistema de justicia para adolescentes prácticamente es inexistente, eso te pone en claro el tamaño del reto que tenemos enfrente.

“Es un gran reto para la Legislatura, es un mayor reto para el Ejecutivo y es un mucho mayor reto para la sociedad, este problema no se va a arreglar con leyes, ni solo con leyes y acciones del gobierno. Se requieren leyes, acciones del gobierno y un compromiso real de la sociedad, si la sociedad no se involucra estamos condenados a perder la batalla en el tema de justicia para adolecentes”, dijo.

César Garza Villarreal señaló que en el proyecto de justicia para adolescentes se tienen que involucrar los padres, dependencias religiosas, el gobierno, las empresas, dependencias educativas y los alcaldes, aplicando sanciones como podrían ser la labor comunitaria desde que cometan algún delito administrativo.

“Desde sus primeros síntomas, cuando el joven manifiesta una desadaptación, desde la secundaria, ahí hay que empezar a tomar medidas y no esperar a que incurra en algún homicidio o en un delito mayor para empezar a trabajar con él”, expresó.

Y aunque concluyeron las tres mesas que se tenían programadas para este tema, el legislador señaló que se ampliarán los debates, puesto que aun hay especialistas que desean participar y dijo que son muy importantes todas las voces que quieran expresar una opinión.

Al principio del debate se tenía contemplado salir con alguna reforma, sin embargo, a la fecha con las mesas de trabajo que se han realizado, el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dijo que es muy difícil lograr algún cambio, pero se buscará llegar a poner en claro la magnitud del problema, que es lo que se tiene que hacer, exhortar a las autoridades federales, estatales y a la sociedad, para cumplir con las funciones de cada uno.

“Ya no estoy tan seguro que podamos obtener alguna reforma, de éstas mesas, porque me queda claro, que de lo de la voz de los expertos nos ha dejado ver contundentemente los errores, las soluciones en estas iniciativas, a pesar de lo bien intencionadas con que fueron elaboradas, es evidente que se carecía de elementos y juicios de opinión, para poder elaborar un documento de esta naturaleza”, concluyó.

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