Denuncia Adrián a Margarita ante Subprocuraduría Anticorrupción

Denuncian desvío de recursos en perjuicio del erario público

Después de que el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, había anunciado hace unos días que se iban a presentar diversas denuncias ante la Procuraduría de Justicia en el Estado, por diversas irregularidades encontradas en la pasada Administración Municipal de Margarita Arellanes Cervantes, este martes se llevó a cabo la entrega de las mismas ante la autoridad investigadora.

Fue ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, donde se presentaron dos escritos de denuncias por parte del Secretario del Ayuntamiento regio, Genaro García de la Garza, quien fue acompañado por el Contralor Municipal Luis Enrique Orozco Suárez y el Director Jurídico Luis Vargas García.

Aunque en las denuncias no se establece una imputación directa en contra de quienes serían los responsables de los malos manejos que ahora son denunciados, de los documentos que se anexan a los escritos, se desprende que Arellanes participó en los contratos donde se encontraron las supuestas irregularidades.

García de la Garza sostuvo que existen diversas pruebas que se irán presentando ante la Subprocuraduría, para comprobar los hechos que se están denunciados, y en los cuales se hace referencia a “quien resulte responsable”.

De la narrativa de las denuncias se señala que las conductas ilícitas que se consideran cometidas son en referencia a la contratación de servicios profesionales para el apoyo legal a funcionarios municipales de la Administración 2012-2015, por un monto de 7 millones 499 mil 99 pesos.

Así mismo, por el desvío de recursos de una partida presupuestal para obra pública por la cantidad de 104 millones 722 mil pesos; de los cuales 10.3 millones de pesos se destinaron a otros rubros.

En documentos agregados a los escritos de denuncia, se sostiene que la ex Alcaldesa firmó los contratos que derivaron en el pago del servicio por el monto superior a los 7 millones de pesos, así como del crédito solicitado para la realización de obra pública, lo cual no se llevó a cabo en su totalidad, presentándose un desvío de recursos en perjuicio del erario.