EDITORIAL V

Si la solución para resolver el problema de la inseguridad que padecemos es el incremento a las sanciones penales, está más que claro, que seríamos un país de primer nivel en el aspecto de la seguridad.

Llama mucho la atención el hecho de que nuestras autoridades ejecutivas quieran detener el índice delictivo en base al incremento de las penas para los delitos que más afectan a la sociedad.

El Ejecutivo presenta su iniciativa y el Congreso, ya sea local o federal, aprueban la misma, pensando que esto representa una solución al grave problema que estamos señalando líneas arriba.

No necesitamos ser un país de leyes severas en cuanto a los años de sanción, para reducir la criminalidad que azota a todo el país; más bien, deberíamos de aplicar con estricto apego a derecho las leyes que nos rigen, aun y cuando éstas no tengan sanciones muy elevadas.

Ya lo hemos señalado en otros espacios editoriales, el problema no es de sanciones, sino de cumplimiento de la normatividad vigente.

Es claro que falta mucha actividad a aquellos encargados de hacer cumplir cada una de las leyes que están vigentes en nuestro país, esto es desde luego demasiado complicado, porque no existe una estrategia integral que esté encaminada a lograr este objetivo.

Todavía a nivel local se siguen buscando opciones que representen una posible solución para bajar la comisión de diversos delitos que ya traen muy desesperados a los ciudadanos.

Tenemos que existe un proyecto de Mando Único que va caminando, pero que no se sabe a ciencia cierta para cuando empezará a dar resultados.

Ya surgió la llamada Fuerza Civil que representa una esperanza para la actual administración estatal, más no así para la comunidad que se encuentra desanimada con este tipo de programas de seguridad, porque sienten que no son la solución idónea, dado que, se maneja el hecho de que los resultados positivos que se desean no serán en breve.

Luego, también “se vende” el proyecto de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, con el objetivo de hacer más profesionales a los encargados de brindar la seguridad a los nuevoleoneses, hablando del aspecto local.

Sin embargo, no se presenta un plan más objetivo, más inmediato, por ahí se realizan algunos operativos buscando disuadir a los delincuentes del orden común, pero estos son muy esporádicos, pareciera que se realizaran únicamente para convencer de que se trabaja en materia de seguridad.

No es que estemos en contra de las reformas penales que buscan castigos ejemplares para aquellos que cometen determinados delitos que lastiman seriamente a la sociedad, pero de nada servirán las mismas, sino van acompañadas de una verdadera voluntad de hacer cumplir dichos cambios en la legislación encargada de sancionar la comisión delictiva.

LIC. RAUL CARRIZALES GONZALEZ