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Avanza el proyecto para castigar desaparición forzada de persona

Realiza Comisión de Justicia y Seguridad Pública III mesa de trabajo

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, realizó su tercera mesa de trabajo en relación a la desaparición forzada de persona, en la que se presentó el proyecto de Decreto de reforma al Código Penal, para hacer los cambios necesarios y tener una redacción final.

“Estamos muy cerca de obtener la redacción de un nuevo capítulo que viene a responder la conducta criminal que no estaba debidamente tipificada y sancionada en nuestro código, que es la desaparición forzada de personas”, dijo César Garza Villarreal, Presidente de la mencionada comisión, quien dio lectura a la propuesta de Decreto en el cual se pretende tipificar el delito de la Desaparición Forzada de Persona en el Estado.

Este delito quedaría tipificado en el Código Penal para el fuero común y aplicaría contra servidores públicos estatales y municipales, el cual incluirá tres elementos fundamentales que son: Privación de la libertad, detención de la persona, lícita o ilícita y ocultamiento de la persona con el propósito de evitarle la protección de la ley.

La sanción que se está previendo para este delito de 25 a 60 años, esto es una sanción similar a la que se le da al delito de secuestro, que es el delito con mayor sanción en el Código Penal y será un delito de carácter autónomo.

 ”Nosotros creemos que lo que estamos haciendo nos permitiría decir que seríamos uno de los Estados de la República con una regulación más completa sobre el delito de desaparición forzada de persona”, dijo Garza Villarreal y agregó que “se acumulan a este delito todo el resto de conductas criminales que se realicen sobre la víctima”.

Con estas mesas de trabajo se pretende que la redacción se ajuste a los requerimientos que se han pactado en las convenciones internacionales, en las que ha participado el País, a través de la ONU.

Por su parte, Alan García, Director Jurídico de la ONU en México, resaltó la apertura y disponibilidad del Congreso del Estado para recibir la asistencia y cooperación técnica de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Estamos viendo un proceso deliberativo, participativo, democrático, consultivo y abierto, que pretende recoger las principales y mejores prácticas detectadas a nivel internacional”, señaló García.

Enfatizó que este proyecto está muy cerca de alcanzar los mejores niveles de los estándares internacionales y, que en la medida en que se mantenga la voluntad política de apertura y disposición de escuchar a los organismos de la sociedad civil, se podría ir anticipando una legislación verdaderamente avanzada.

“Desde la Oficina de las Naciones Unidas pensamos que los principales elementos ya están contenidos en la propuesta que hoy tenemos y es necesario afinarla, fortalecerla y depurarla, en este proceso de filtración al que nos han convocado”, puntualizó.

En esta mesa de trabajo, además de contar con la presencia del Director Jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, asistió el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, Alfonso Verde Cuenca, así como la Hermana Consuelo Morales, Directora de CADHAC, integrantes de la asociación de ex alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Colegio de Abogados Regiomontano y se espera que quede lista la reforma que se presentará al pleno en los próximos días.

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