Propone Héctor sancionar penalmente a quien carezca de certificado policial
Incluyen a quienes contraten a personas que no tengan documento
Para que los titulares de las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios, así como los miembros que pertenecen a éstas, cumplan con el principio de legalidad establecido por el artículo 21 de la Constitución, el Diputado local del PRI, Héctor García García, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, para establecer las sanciones penales para aquellos que no cuenten con un certificado policial emitido por el Centro de Evaluación, documento esencial que los acredita como elementos aptos para ocupar un lugar en una corporación policíaca.
Así mismo, puntualizó que estas modificaciones contemplan sanciones para aquellos titulares que contraten a personas que no cuenten con el requisito antes mencionado y que no sólo se quede como una obligación administrativa.
“O quien siendo titular de una Institución de Seguridad Pública del Estado o de algún Municipio de éste, contrate a una persona que no haya obtenido la certificación Policial del Centro de Evaluación y Certificación correspondiente, para desempeñarse como servidor público policía.
“Así mismo, que la obligación que les impone tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, no quede sólo como una obligación de carácter administrativo, sino que también forme parte, como en el resto de los servidores públicos del Estado y de los Municipios, una conducta típica, jurídica, culpable y punible.
“Por lo cual en el caso de los titulares de las Instituciones Policiales de ser omisos y contratar a personas que no tengan la certificación policial correspondiente, o bien estos últimos de estar ya dentro del Sistema de Seguridad Estatal se preocupen por obtener el certificado policial que exige la Ley de la materia, y en caso contrario, sean acreedores a la sanción penal correspondiente”, agregó García García.
El Diputado priista señaló que el principal objetivo de estas reformas es generar confianza en la sociedad, puesto que son quienes se preocupan por el desempeño de los servidores públicos responsables de su seguridad.
Cabe señalar que esta iniciativa de reforma contempla la adición de una fracción X al artículo 208 y modificación del artículo 209 del Código Penal del Estado de Nuevo León, la cual se mandó a Comisiones para su estudio y futura aprobación.
