Inhabilitan 10 años a ex funcionarios del Gobierno de Medina
Redacción-Equidad
Además deberán cubrir más de 200 mdp por daño causado al erario
Al comprobarse irregularidades cometidas en la gestión pública por parte de seis ex funcionarios de la Administración anterior, la Contraloría General del Estado, encabezada por Nora Elia Cantú, informó que se les impuso una sanción de 10 años de inhabilitación y pago de 210 millones de pesos, para resarcir el daño causado por otorgar incentivos económicos y realizar pagos irregulares a proveedores.
Estos ex servidores públicos formaron parte de las Secretarías de Finanzas y Tesorería General, Obras Públicas y Desarrollo Económico, además de las Direcciones de Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Desarrollo Agropecuario y el Sistema de Caminos de Nuevo León.
Los ex funcionarios que fueron inhabilitados y que se desempeñaron en el Gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, son los siguientes:
Rodolfo Gómez Acosta, ex Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
Luis Marroquín Salazar, ex Secretario de Obras Públicas.
Rolando Zubirán Robert, ex Secretario de Desarrollo Económico.
Ramón Villagómez Guerrero, ex Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
Juan Livas Cantú, ex Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
Víctor Martínez Trujillo, ex Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
Cantú detalló que a los cinco primeros de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos, mientras que Víctor Martínez Trujillo tendrá que pagar 12 millones 900 mil pesos.
Cabe mencionar que la Contraloría Estatal ha integrado 117 casos, de los cuales 42 son investigados; en 28 se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, y en 47 se advierte presunta responsabilidad penal, por lo que ya fueron hechas las denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
Así mismo, la dependencia estatal informó que se estarán ejecutando acciones conducentes para recuperar los pagos hechos a diversas empresas constructoras, por considerarse no amortizados, duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas.
En una primera etapa, la recuperación asciende aproximadamente a 28 millones de pesos.
Además existen 16 casos en investigación donde se advierte presunta responsabilidad administrativa cometida por funcionarios públicos de las Secretarías de Finanzas, General de Gobierno, Desarrollo Económico y del Trabajo, además de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
La Contralora informó que en las próximas semanas se dictarán más resoluciones en contra de otros funcionarios de la Administración de Rodrigo Medina de la Cruz.
