Presentan a los Jueces de Sanciones Penales
Por Marcela Cortés
El Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, se tomaron la foto con los nuevos Jueces de Sanciones Penales.
Buscan dar respuesta a reintegración social de reos
Sara Patricia Bazaldúa Piña, Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez y Aurelio Pérez Garza, fueron presentados como los nuevos Jueces de Sanciones Penales después de la modificación que se realizó en el Código de Procedimientos Penales.
Jorge Luis Mancillas Ramírez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, en presencia del Gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo que con los nuevos Jueces de Sanciones se dará una respuesta a la reintegración social de los reos, así mismo, mencionó que se da cumplimiento puntual al decreto establecido en la Constitución Política de México.
Los nuevos Jueces de Sanciones Penales empezaron sus nuevas funciones desde el 18 de junio del 2011, para cumplir con la disposición de la Constitución, para tener competencia en todo el Estado.
“El juez en materia penal, no solo debe de cambiar su forma de actuar, sino que debe de tener una nueva visión y nuevos objetivos acordes a las protección de las víctimas y a la restauración del tejido social”, dijo Mancillas Ramírez.
Jorge Luis Mancillas Ramírez, dijo que con la designación de los nuevos juzgadores se cumple con la normatividad constitucional.
Los nuevos Jueces tienen competencia en todo el Estado, mismos que estarán asignados, uno en el Tribunal ubicado en el municipio de San Nicolás, dando respuesta a los reos del CERESO de Apodaca, otro en el Palacio de Justica de Monterrey, en virtud del Penal del Topo Chico y el tercero en el municipio de Cadereyta, por el CERESO que se encuentra en dicho comunidad.
Los Jueces de Sanciones Penales, contarán con las siguientes atribuciones, supervisar que la ejecución por pena se aplique en conformidad con la sentencia definitiva de quien la impuso, salvaguardando la legalidad, los derechos y garantías del reo durante la ejecución de la sentencia; modificar el tipo o la duración de la sanción impuesta en la sentencia; ordenar la cancelación de la pena una vez transcurrido el plazo estimado por la sentencia.
Así como también, tendrán el deber de atender las quejas que promueven los condenados por sentencia firme sobre actos de autoridades, resguardando los derechos fundamentales de los implicados; y visitar los centros de reinserción social con el fin de cumplir puntualmente con sus atribuciones.
“La observancia de estas facultades implica una relación estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a su cargo la administración penitenciaria”, dijo Jorge Luis Mancillas Ramírez.
Los tres juzgados se regirán bajo los principios de procedimiento oral, donde actualmente el Estado de Nuevo León cuanta con 97 juzgados orales en total.
“Este día representa un punto de partida que no debemos de ignorar, es el tiempo en que cambiamos nuestra percepción de la justicia penal”, dijo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
El Gobernador del Estado expresó que el nuevo sistema de justicia penal representa un cambio largo y complejo.
Por su parte, el Gobernador del Estado, mencionó que este proceso de buscar hacer más eficiente los juicios será largo, pero se obtendrán los resultados que requiere el Estado.
“Estamos conscientes de que se trata de un proceso largo y complejo de transformación constitucional, legal y cultural, porque supone todo un cambio de mentalidad que no se logra de un día para otro, pero que los avances son insoslayables en la materia. El nuevo sistema de justicia penal que queremos puede y deber ser necesariamente más duro contra quienes trasgreden a la ciudadanía, pero por eso debe ser también justo y equitativo y cumplir sin debilidad lo que marca la ley”, dijo Medina de la Cruz.
“Un nuevo sistema lo será no solo cuando las sentencias de las autoridades del ramo sean acordes al delito, sino cuando estemos seguros de que nuestras propias instituciones van a responsabilizarse de que las sanciones contra los infractores se cumplan cabalmente”, expresó el Gobernador.
Así mismo dio a conocer que en los próximos días enviará una iniciativa al Congreso del Estado, para sancionar de 20 a 50 años a los delincuentes que se dedican a la posesión, distribución y comercialización de vehículos robados.
“Se extiende esta penalidad a todos aquellos que poseen y agredan con un vehículo robado posterior a su robo o que tengan una pieza de ese vehículo o que estén desmantelando este tipo de vehículos”, dijo el Mandatario estatal.
El Jefe del Ejecutivo señaló que al extenderse este proceso de penalidad, se fortalecerán las acciones en contra de los delincuentes que con agresividad despojan a los automovilistas de sus pertenencias, así como a los que son cómplices con la venta de estos en tianguis, yonques y bodegas que hay en el Estado.
A través de esta iniciativa que se espera sea aprobada por los diputados locales, Medina de la Cruz, dijo que este es un mensaje para que lo piensen dos veces los integrantes de las bandas que participen por acción u omisión en la cadena delictiva.
“Ya está preparada y está suscrita, estamos enviando esta iniciativa para que se discuta en el Congreso, pero nos hemos dado cuenta que no únicamente se comete el delito cuando van y lo roba el autor material, sino que hay toda una cadena que los desmantela, comercializa, detectan poseen o que los transfieren a otras entidades del país”, mencionó.
Asimismo, el representante del Ejecutivo local, agregó que ésta sería la pena más alta en el país y única por ser equiparable por detectarse un vehículo o una pieza de auto parte robada con violencia de ese vehículo que se rastree.
