Da CEDH a conocer más abusos por parte de servidores públicos
Por Carolina León
Hace organismo enérgico llamado para respetar derechos humanos
A fin de hacer un enérgico llamado para que las autoridades gubernamentales, municipales, incluso de organismos descentralizados hagan valer y respetar los derechos humanos de cada ciudadano y a su vez dar a conocer aquellas dependencias que han violentado las garantías de las personas, la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Sofía Velasco Becerra, presentó 3 recomendaciones de denuncias a las que les han dado seguimiento.
“Vamos a hacer periódicamente llamados en caso de que tengamos recomendaciones como lo hemos estado haciendo , ustedes ya vieron la vez pasada, estamos en un programa nosotros de estar sacando las recomendaciones de forma pronta y ese el encargo que tienen ya las Visitadurías”, precisó la funcionaria.
Informó que en esta ocasión las recomendaciones van dirigidas al Municipio de Monterrey, ISSTELEON y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.
“Hoy vamos a hacer del conocimiento público las recomendaciones 11, 12 y 13 del 2016, estos documentos ya fueron notificados, el primero al Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Monterrey, al Director General del ISSSTELEON y al Secretario de Seguridad Pública Estatal”, mencionó.
Violaciones a los derechos de la libertad, integridad, seguridad pública, violencia física, violencia de género, derecho a la vida, violación por divulgación de información confidencial, fueron algunos de los actos que cometieron las personas cuestionadas.
“La violencia contra las personas de la comunidad LGBT, en este caso, el abuso policial contra las mujeres transexuales es muy preocupante, pues la policía la privo arbitrariamente de su libertad sobre la base de un supuesto escándalo público y estas personas son vulnerables a los abusos policiacos y son sometidas por regularidad a tratos inhumanos cuando son detenidas”, argumentó.
La recomendación 11/2016, corresponde a las violaciones cometidas contra los derechos humanos de una mujer transgénero por parte de elementos de la seguridad pública, así como parte de un juez de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey.
Mientras que la recomendación 12/2016, precisa actos de discriminación que afectan en el acceso al derecho a la salud por parte del ISSSTELEON, al considerar a una persona con VIH como “no sana o no procedente” para la afiliación a estos servicios.
En lo que confiere a la recomendación 13/ 2016, corresponde al caso de un interno del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, que se quitará la vida en su celda, ante la escasa vigilancia que tiene este recinto.
A fin de que no queden impunes estas arbitrariedades, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicita iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra los responsables en cada caso, se brinde atención psicológica a la víctima de violencia de género, que cada autoridad correspondiente inicie a dar cursos de formación y capacitación al personal operativo tanto de la Secretaria Pública como de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey.
En el caso del ISSSTELEÓN, se solicita que se abstengan a disposiciones reglamentarias contrarias a la legislación vigente y evite divulgar información privada de los pacientes.
Y en lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, se pide que fortalezca las capacidades institucionales del personal que labora en el Centro de Readaptación Topo Chico, implemente manuales que dicten la forma en que se llevan a cabo los rondines de vigilancia al interior del centro penitenciario, así como la devolución de los gastos funerarios en los que invirtió la familia de la víctima.
“Aquí lo que queremos resaltar es que es obligación del Estado guardar y tener, cuando tienen bajo su custodia, a las personas privadas de la libertad, tienen una obligación mayor puesto que estas autoridades son las que tienen el control sobre estas personas y sobre todo que no siguieron los deberes de cuidado”, precisó Velasco Becerra.
Cabe resaltar que las autoridades tienen un tiempo de 10 días para que respondan a las recomendaciones, en el caso de que las desatiendan, la CEDH tiene el derecho de acudir al Congreso para que los legisladores manden citar a las autoridades correspondientes, a fin de que esclarezcan estos casos.
