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Presentan iniciativa para reformar la Ley de Justicia Administrativa

Buscan cumplimiento a orden de la Suprema Corte de Justicia

 

Durante la Sesión Ordinaria celebrada este lunes en el Congreso del Estado, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Internacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

La reforma contempla cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al Congreso a legislar para permitir que los municipios instalen sus Tribunales Contenciosos Administrativos.

El Diputado José Juan Guajardo, quien presentó la iniciativa, explicó que con la propuesta que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, se busca dar cumplimiento a lo que les ordenó la SCJN, en base a una controversia promovida por el municipio de San Pedro, en la pasada Administración.

“La idea original era incluirlo dentro del proyecto de Ley de Gobierno Municipal, pero estamos viendo que se está ahí medio atorando, entonces tenemos la obligación de darle respuesta a la Corte, de cumplir con ese mandato y una de las propuestas es modificar la ley vigente para que ahora se convierta en Ley Estatal y Municipal de Justicia Administrativa de Nuevo León”, manifestó.

“Vamos a adecuar todo el cuerpo de la ley, que sea aplicable a los municipios, sobre todo este principio que hemos logrado consensar y que es la propuesta y designación de los Magistrados”, expuso el legislador local.

Esta nueva Ley de Justicia Administrativa contempla un proceso para la aprobación de los Magistrados que sería a propuesta del Alcalde, aprobado por dos terceras partes del Cabildo, y después se remitiría al Congreso para ser avalado de igual manera por los Diputados, según explico el Diputado local.

Así mismo, también se aprobó por unanimidad un exhorto al Gobernador y a los 51munícipes, entre otras autoridades, para que las instalaciones gubernamentales cuenten con infraestructura que garantice el acceso a las personas con discapacidad.

El documento establece que la Secretaría de Educación implemente programas para la inclusión de personas con discapacidad; así como que la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad imponga las sanciones correspondientes en caso de no ofrecer a este segmento poblacional la infraestructura para su movilidad.

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