EDITORIAL XIV

A pesar de los esfuerzos que aparentemente realiza la actual administración estatal en materia de seguridad y justicia, es claro que se está sufriendo el efecto de los “matachines”, es decir, se da un paso para adelante y dos para atrás.

Es muy notoria la falta de capacidad que ha demostrado la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con algunos casos que han acaparado la atención de la comunidad en general.

Pareciera que en Nuevo León pueden más los intereses políticos que el objetivo de llegar a la verdad histórica de aquellos hechos que nuestra legislación contempla como conductas delictivas.

El caso más reciente es el de Jonás Larrazábal Bretón, quien en un hecho por demás insólito fue consignado por chantaje, debido a las amenazas que realizara en contra de los dueños del Casino Red, sin tener un debido sustento jurídico dicha acusación, olvidándose de la figura del cohecho.

Ha trascendido lamentablemente, que la Procuraduría tenía mayores elementos para encuadrar el delito de cohecho en este asunto que llamó demasiado la atención de la sociedad, pero por razones que no han sido explicadas del todo, optaron por una conducta delictiva en la que procediera el perdón el ofendido y se decidió ejercitar la acción penal por un delito que aunque era grave, cabía la posibilidad del otorgamiento del perdón.

Incluso, se llegó a pensar que se pudiera proceder al arraigo de Miguel Ángel García Domínguez, por el involucramiento que se desprendió en las entrevistas sostenidas con Sergio Gil García, donde aparentemente estaban negociando la reapertura del Casino Red.

Sin embargo, la Procuraduría de Justicia, cuyo titular es Adrián de la Garza Santos, optó por una salida por demás extraña, habla de un chantaje, situación difícil de probar, en virtud de que, ¿cómo podría Jonás hacer efectivas las amenazas en contra del Casino Red, si no tenía supuestamente la complicidad de algún funcionario o funcionarios municipales?

Aquí es donde el caso se presta a malas interpretaciones, por eso surge cada vez más en la mente de los ciudadanos, sobre todo de los políticos, aquél aparente acuerdo que existe entre el Alcalde de Monterrey y el Gobernador del Estado.

Si esto es real, como las circunstancias que rodean al caso de Jonás, así lo hacer ver, estamos prácticamente a merced del capricho de las autoridades y no de una verdadera procuración y administración de justicia, algo que preocupa profundamente a los nuevoleoneses.

No se vale que se esté sufriendo día con día con los altos índices de inseguridad que vive la entidad, como para además estar viendo como la aplicación de la ley es un verdadero sueño.

El Procurador señaló ante los medios que para la institución que representa Jonás era responsable del delito de chantaje, situación que pone en evidencia los conocimientos jurídicos del funcionario estatal; lo peor, es que el Poder Judicial se prestó también a éste “juego jurídico” y siguió el procedimiento por el mencionado ilícito.

De nada sirvieron entonces las decenas de diligencias practicadas por la autoridad investigadora, mismas que llevaban a establecer por medio de la prueba circunstancial que el delito que debió de haberse comprobado era el de cohecho y entonces sí, más de dos funcionarios municipales estarían en estos momentos en prisión, al igual que Jonás, en virtud de que ningún perdón hubiera sido suficiente para dejarlos en libertad.

Pero… vamos a seguir esperando hasta cuando a nuestras autoridades se le da la gana y deciden aplicar la normatividad vigente.

LIC. RAUL CARRIZALES GONZALEZ