Los Retos en Derechos Humanos para el 2012

Por Marcela Cortés

 Destaca MMG la Reforma Constitucional del 10 de Junio del 2011

Entre los mayores retos que tiene México para el año 2012, se encuentra la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, afirmó la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza.

Tanto las autoridades federales, como las estatales y municipales, tienen el deber de observar los contenidos de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, que eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte.

Ante estas nuevas disposiciones, el Estado tiene obligaciones expresas frente a la violación de derechos humanos, que comprenden inequívocamente las de prevenir, investigar y sancionar cualquier acto violatorio de estos derechos, así como de garantizar la debida reparación del daño.

La ombudsman estatal explicó la importancia de elevar los derechos humanos a rango constitucional y de incluir del principio pro persona, a fin de aplicar el criterio que mejor favorezca a la dignidad del ser humano.

“El paso que hemos dado como país es una respuesta a la exigencia del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que desde la aprobación de la Declaración Universal de 1948, se ha fortalecido en el sistema universal de las Naciones Unidas y en los sistemas regionales de protección. Ahora con la reforma se podrán adoptar los criterios de interpretación internacional que aseguren bajo el principio pro persona la dignidad humana”, dijo Martínez Garza.

“Precisamente a un mes de publicada la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció importantes bases para la protección jurisdiccional de los derechos humanos, al adoptar criterios que deberán guiar la actuación de las y los jueces del país favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a través del control de convencionalidad”, explicó la Presidenta de la CEDH.

Ahora, los derechos humanos deben ser considerados prioritariamente en rubros como la educación, la administración penitenciaria y la política exterior.

“Los derechos humanos forman parte del quehacer de las autoridades en todos sus rubros, por ello, todas las políticas públicas que se lleven a cabo deben tener una perspectiva de derechos humanos, es decir, tienen que estar encaminadas a respetar estos derechos que son inherentes a las personas; no es que la autoridad los otorgue, sino que los reconoce porque ya son del ser humano”, manifestó la también catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Minerva Martínez Garza agregó que, ante la necesidad de conocer los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es menester trabajar en la capacitación de los servidores públicos, para que éstos conozcan todos los instrumentos internacionales básicos a los que México está adscrito.

“Un reto en particular que tenemos en el Estado, es la capacitación de todos los servidores públicos respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Con el cambio que se realizó a la Constitución, también debe haber una transformación en la forma de hacer las cosas, por ello, es necesario que los servidores públicos conozcan la reforma y sobre todo que entiendan lo que ésta implica, para que puedan implementarla adecuadamente”, dijo Martínez Garza.

“Desde el año 2008, cuando inicié mi primer periodo como Presidenta de este organismo, una de las principales prioridades ha sido la capacitación continua y sistemática del servidor público en el conocimiento de los derechos humanos, por lo que hemos trabajado muy de cerca con las autoridades estatales y municipales para brindar capacitaciones a funcionarios de todos los niveles. Hemos alcanzado a muchos de ellos, sin embargo, aún falta llegar a otros, por ello estamos trabajando de manera muy comprometida en el fortalecimiento de nuestras estrategias de capacitación”, señaló.

La ombudsman estatal agregó que una línea estratégica es la difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos, por lo que en diciembre de 2011 la CEDH emitió una compilación de los instrumentos básicos de Naciones Unidas en la materia, compuesta de tres tomos y disponible para todos los interesados en la página de internet del organismo: www.cedhnl.org.mx.

Los organismos públicos de derechos humanos también se fortalecen con la Reforma Constitucional de junio pasado, explicó la Presidenta de la CEDH, lo que les obliga a asumir responsablemente un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos.

“El sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos debe asumir con responsabilidad y compromiso el rol protagónico que procede de los cambios aprobados a la Constitución, entre ellos su plena autonomía, lo que se traduce en salvaguardar su autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, pues como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autonomía constitucional responde a la idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder”, explicó Martínez Garza.

“Asegurar la independencia del Ombudsman es fundamental para el ejercicio imparcial en sus actuaciones, así como la eficacia en el cumplimiento de sus Recomendaciones, por lo que los mecanismos previstos en la reforma constitucional para éste efecto son de carácter prioritario para el fortalecimiento de las instituciones públicas de derechos humanos que de manera activa participan en su promoción y divulgación y por lo tanto en la consolidación de la democracia”, señaló la funcionaria estatal.

La reforma también determina el respeto a los derechos humanos como fin de las políticas de educación en nuestro país; prevé el derecho de solicitar y recibir asilo; prohíbe la celebración de tratados de extradición que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia; incluye a los derechos humanos como base del sistema penitenciario; establece una serie de derechos que no pueden restringirse ni suspenderse; incluye a los derechos humanos como principio de política exterior; y establece la obligación de todo servidor público de responder las recomendaciones de los organismos del sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos y la facultad del órgano legislativo competente para llamar a comparecer a la autoridad refractaria.

Asimismo se amplía la competencia de los organismos de protección no jurisdiccional para conocer de asuntos laborales y se obliga a las entidades federativas a que doten de plena autonomía a los organismos públicos de derechos humanos, además de que se ciudadaniza el procedimiento para la elección de los titulares de los organismos integrantes del sistema ombudsman.

Minerva Martínez Garza reconoció que el reto de la implementación de la reforma no es fácil, sin embargo, una sinergia interinstitucional y la voluntad política de los servidores públicos del Estado, permitirán un avance significativo en la materia.

“El reto que se presenta a raíz de la reforma del 10 de junio es mayúsculo pero necesario, pues la inclusión del término ‘derechos humanos’ va más allá de una modificación terminológica, que implica cambios en el sistema jurídico nacional que trae como consecuencia el fortalecimiento de los derechos de las personas y la protección de su dignidad”, manifestó la ombudsman estatal.

“Por ello, se requiere de un gran esfuerzo de colaboración y coordinación interinstitucional y que todos los organismos del Estado mexicano refrenden su compromiso de cumplir sus obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en observancia de los principios de que definen su esencia y ámbito de aplicación”.