Analizan tutela de derechos políticos de grupos en desventaja

Por Carolina León

Detallan cómo se pueden garantizar las condiciones de igualdad

A fin de dar a conocer las alternativas que tiene una persona para combatir una acción que afecte sus derechos y así poder garantizarles condiciones de igualdad, la Comisión Estatal Electoral (CEE), a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartió el curso “Tutela de los derechos políticos de grupos en desventaja”.

Este taller fue impartido por Roselia Bustillo Marín, Investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al abrir este taller, Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la CEE, comentó que en una sociedad democrática es necesario y urgente consolidar los procesos de tutela de protección de los derechos políticos de todos los grupos sociales que por muchos años han sido discriminados, puesto que también tienen voz y voto.

“Una democracia para que pueda desarrollarse y consolidarse, implica un efectivo proceso de integración política, y si las minorías y los grupos en desventaja no acceden justamente a la representatividad que merecen, esto puede denotar un conflicto social ya sea regional, local o nacional”, señaló el titular de la CEE.

Al hacer uso de la voz, Bustillo Marín dio una introducción sobre la importancia de visibilizar a los grupos en desventaja como cualquier otro grupo, los cuales pueden generar a través de su voto un cambio importante para su localidad.

“En el momento que queremos tutelar todos los derechos no podemos darles un tratamiento donde no observemos el principio de igualdad, ¡jamás!, siempre tiene que ir pegado con los derechos humanos y sobre todo, con los derechos políticos”, expresó la conferencista.

Al respecto comentó que es necesario que los organismos electorales comiencen a trabajar para lograr una inclusión igualitaria de todos los pueblos indígenas, mujeres, comunidad LGBTTI, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle y las que están privadas de la libertad.

“Trabajar por una inclusión igualitaria implica que estos derechos sean observados desde una perspectiva igualitaria contextualizada y que, de acuerdo a sus propia visión e integridad de vida digna, estén representados en los cargos públicos”, manifestó.

“Las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, en razón del artículo primero constitucional, están obligadas a respetar la igualdad de todas las personas y a realizar todas las conductas necesarias para erradicar cualquier forma de discriminación”, añadió.

Actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en una jurisprudencia que los grupos discriminados tienen interés legítimo para exigir la tutela de los derechos establecidos en su favor y en ella se estipula que las demandas presentadas son la única oportunidad de introducir opiniones y perspectivas en la deliberación pública.