NL está listo para una nueva Constitución: Samuel
Por Katya Izaguirre
Pide “repartir” Constitución entre el Gobierno y el Poder Legislativo
En la tercera mesa de trabajo del “Conservatorio para la Nueva Constitución Política de Nuevo León: Órganos con Autonomía Constitucional”, el Gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer que la entidad está lista para darle la bienvenida a una nueva Constitución.
“Creo firmemente que Nuevo León está listo para dar esta batalla jurídica en búsqueda de una nueva Constitución”, expresó
“Y también para poder dejar algo a muy largo plazo que realmente sea eficiente para la ciudadanía, para el Estado y para el poder público”, dijo el Mandatario estatal.
Durante su intervención en la mesa de trabajo, García Sepúlveda pidió que se repartiera la Constitución entre el Estado y el Congreso Local en un capítulo hegemónico para que exista un equilibrio entre dos de los organismos principales de gobierno.
También, recordó que actualmente en el Congreso existe un grupo legislativo que quiere volver organismos autónomos a organismos paraestatales al igual que el ISSSTELEÓN, Agua y Drenaje de Monterrey, SIMEPRODE, entre otros.
“Proponen una reforma constitucional para quitárselos al Ejecutivo y que ellos nombren y administren, ya no solamente quieren bono de gestoría, ahora también las paraestatales”, cuestionó el Mandatario estatal.
Entre esos organismos autónomos, se encuentra la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), los cuales sólo deben ser administrados por el Ejecutivo del Estado y al dejar de ser parte del Gobierno de Nuevo León, el Estado tendría que pagar 80 mil millones de pesos y se caería el convenio de participaciones, dejando a la entidad en la quiebra.
“Cómo se les ocurre plantear que la SAT, que es la Secretaría de Ingresos de la Hacienda Pública del Estado, ahora la nombre y la maneje alguien distinto al Ejecutivo que tiene la responsabilidad de llevar la política pública del Estado”, señaló.
“Además, ante una apariencia del buen derecho es inconstitucional, porque no puedes al Ejecutivo quitarle esas tareas que desde la Constitución federal son claramente ejecutivas”, indicó García Sepúlveda.
