Dicta conferencia sobre Control Difuso de la Convencionalidad
Por Ilse Casas
Participa Ruy Guerra González en segunda asamblea del IDEP
Integrantes del Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación Jurídica, A.C. (IDEP) acudieron a la segunda asamblea general en la que se trató el tema del Control Difuso de Convencionalidad y su Aplicación en las Leyes de México.
La conferencia, realizada en las instalaciones de un conocido restaurant en San Pedro, Garza García, fue encabezada por el jurista Ruy Guerra González, Director de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Nuevo León, quien explicó los cambios derivados de la adhesión a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el tema de los derechos humanos, cuya incorporación se dio el 10 de junio de 2011.
En el evento, Guerra González, realizó un resumen histórico que finalmente dio como resultado la inserción del derecho de la gente ante la legislación.
“La idea es reforzar los aspectos de la llegada del control de convencionalidad al país, desde el punto de vista constitucional, cuál es el origen, la génesis, el caso detonante, porque ya en México, adicionalmente al control de constitucionalidad y de legalidad, adicionalmente existe ya un control de convencionalidad”, dijo.
Luego del caso de desaparición de una persona en 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a modificar sus códigos, a fin de tipificar como delito la desaparición forzada y la adhesión de los derechos humanos como parte de la Constitución.
“La tipificación de la desaparición forzada como delito puso en movimiento a los tres órdenes de Gobierno, para aplicar los cambios necesarios, en este caso, el control de convencionalidad”, señaló el Director de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Nuevo León.
En ese sentido, aclaró Guerra González, el control de convencionalidad está relacionado a la necesidad de aplicar la legislación adecuada, la más protectora en cuestión de derecho humano, en favor del afectado, bajo el nombre del principio “pro persona” o “pro hominen”.
“El principio pro hominen” privilegia la norma, que se aplique la norma que más beneficie y donde se encuentre, si es una norma internacional, pues se aplica”, expuso el conferencista.
Guerra González atrajo a la mesa el caso de Florence Cassez, al resaltar que la situación de ilegalidad dada durante su proceso, fue lo que causó su absolución. Aunque no se pronunció en favor de la liberación de la francesa, detalló que el método que se utilizó para su proceso benefició su liberación.
“En este caso se puede aplicar la teoría de los frutos del árbol envenenado, es una prueba muy conocida en Estados Unidos, de que si las pruebas se obtienen de manera ilegal, puede contaminar todo el proceso y puede privilegiar la libertad de la persona procesada”, señaló.
Por otra parte, durante la conferencia, Guerra González, explicó brevemente los puntos clave de la reforma a la Ley de Amparo, puesta en vigor a principios de abril.
“Primero, fortalecer los derechos humanos y también está preparado para recibir el amparo en relación a violaciones con respecto al juicio oral con el nuevo sistema acusatorio, eso es lo más importante”.
El IDEP preparará próximamente una reunión para ahondar en el tema de la nueva Ley de Amparo.
